El 0,3% de los canarios acumula una riqueza equivalente a la mitad del PIB

En 2008, antes de las elecciones generales en las que acabaría renovando el cargo, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció la supresión del IP. De este modo, fue un socialista quien libró a los grandes patrimonios del país de tener que pasar por caja para pagar este tributo. Entonces el Gobierno ignoraba –e incluso negaba– la crisis financiera que había estallado en octubre de 2007 con aquel primer capítulo de las hipotecas basura en los Estados Unidos. El crac no tardó en dañar los bolsillos de las familias y las cajas de las empresas, y el descalabro tardó aún menos en hundir la recaudación pública. En septiembre de 2011, cuando ya nadie negaba la crisis y aún menos su enorme gravedad, Rodríguez Zapatero se autoenmendaba la plana y, con el país al borde de la bancarrota, restablecía el IP. Para hacer menos ruido, el Ejecutivo estatal optó por elevar el mínimo exento, de modo que desde entonces están obligados a hacer la declaración del IP quienes posean bienes y/o derechos que, en conjunto, superen los 700.000 euros –a excepción de la vivienda habitual, que no se incluye en el cálculo siempre que su valor no sea de más de 300.000 euros–.

En aquel primer año tras el restablecimiento del tributo (2011) fueron 5.869 los canarios que presentaron la declaración del IP, con lo que su número se incrementó un 10,4% en la última década, hasta esos 6.477 declarantes de 2019. Nunca antes hubo en el Archipiélago tantos ricos. Y también ha crecido el patrimonio de este selecto segmento de la población. Cuando hace diez años el PSOE recuperó el impuesto, cada uno de los 5.869 isleños obligados a pasar por la caja de Hacienda declaró propiedades y derechos por un valor medio de poco más de 2,9 millones de euros. En total declararon bienes por un importe global de 17.224 millones. Ahora, siempre según los últimos datos oficiales, cada contribuyente por el Impuesto sobre el Patrimonio declara en la Comunidad Autónoma una riqueza media de casi 3,5 millones de euros. En suma, las 6.477 grandes fortunas de la región reúnen un caudal que llega a los susodichos 22.417,5 millones.

A la cabeza de España

Los grandes patrimonios de Canarias están entre los mayores de España. Esos 3,5 millones que de media declara cada uno de los 6.477 contribuyentes isleños los colocan en cuarto lugar de este particular ranking. Solo los más acaudalados de la Comunidad de Madrid, con una riqueza media de 10,2 millones de euros; de Galicia, con cerca de seis millones; y de la Región de Murcia, con 3,54, superan a los canarios. Y eso que los hacendados murcianos acaban de superar a los contribuyentes del Archipiélago, que hasta 2018 estaban en el podio nacional de los mayores patrimonios de España. Se da así la circunstancia de que Canarias tiene, por un lado, los mayores porcentajes de trabajadores en precario, de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza e incluso de personas en exclusión social; y, por otro, tiene también un colectivo de ricos que está a su vez entre los más ricos de España.

El progresivo incremento de los isleños obligados a declarar por el IP y de la riqueza media declarada evidencia que el dumping fiscal de Madrid no ha causado en la región una fuga de grandes fortunas. Los ciudadanos de la comunidad capitalina disfrutan de la presión fiscal más baja del país y no tienen que tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio, sea cual sea el valor de sus bienes y derechos. No en vano, el IP es un tributo estatal, pero está cedido a las Comunidades Autónomas, y es justamente la región madrileña la única que lo tiene bonificado en su totalidad. Los residentes en Madrid hacen la declaración, pero no pagan el impuesto, con lo que cabe la posibilidad de que grandes patrimonios de otras autonomías trasladen su residencia fiscal a la capital para no tener que pasar por caja. Esto puede haber ocurrido en el Archipiélago, pero de ser así, el número de casos es tan pequeño que no tiene incidencia alguna en la demografía de los grandes patrimonios de la región, como demuestra la estadística de la Agencia Tributaria.