El comité de empresa de JSP, en concurso de acreedores desde el pasado mes, se dirigió ayer por carta al nuevo CEO, Roberto Angulo, para alertarle de la caída de la producción y el consiguiente peligro de perder a los principales clientes que tiene la compañía. Además, el órgano de representación de los trabajadores lamentó que se mantenga a parte de la plantilla afectada por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), mientras «cerca de 40 empleados», detalló el presidente del comité, Ángel Yanes, «están contratados a través de empresas de trabajo temporal» (ETT).

En la misiva, la plantilla expone su «gran preocupación por la falta de producción de algunas referencias y la falta de materiales e insumos para elaborar otras». Además de la pérdida de «ventas entre los consumidores», esta situación pone «en grave riesgo los contratos con los principales clientes, como, por ejemplo, Dinosol».

Al final de la pasada semana, la Junta General de Accionistas de José Sánchez Peñate SA (JSP) decidió prescindir de los dos consejeros –Manuel Márquez y Pedro Casaño– que habían colocado en el órgano de gobierno de la empresa los bancos acreedores. Su entrada fue condición indispensable para la renegociación de una deuda financiera que supera los 40 millones de euros.

Los sillones que dejaron vacíos Casaño y Márquez los ocupan desde entonces Roberto Angulo, nuevo CEO de la compañía, y Arantxa Artal, directora de Calidad y Seguridad Alimentaria de Celgán. «Esperemos que terminen de aterrizar pronto», deseó Yanes tanto en relación a Angulo como a la administración concursal, que el juez dejó en manos de Praxis de Reestructuraciones y Concursal SL Profesional en el último tramo del mes pasado.

Hay dos meses para que el juez reciba el primer informe. En ese tiempo la parálisis incluso se hace más patente. El centro de producción de Getafe (Madrid), donde, entre otros, se producen el café o las tartas, ha apagado la luz por un plazo de quince días. Las compras de las materias primas se han reducido a la mínima expresión.

«Este mes no hemos cobrado», lamentó Ángel Yanes. En los últimos meses, los empleados han recibido sus salarios fraccionados en dos o más pagos, pero ahora ya ni eso. «Si cuando se cumplan esos dos meses siguen sin poder pagarnos, la empresa tendrá que entrar en proceso de disolución, lo que el administrador concursal ahora no puede hacer es generar más deuda», detalló el presidente del comité de empresa.

El representante de los trabajadores se mostró convencido de que no se llegará a esa situación y uno de los fondos de capital riesgo que se interesaron por adquirir la compañía durante los meses que duró la preconcursal formalizará la operación. Un proceso que, según estimó, no pasa por dejar que la industria, una de las principales de las Islas, se liquide o trocee.

Lo que para Yanes ocurre en este momento se deriva simplemente del estudio detallado de toda la situación con el fin de no cometer errores. La entrada en concurso permite el aplazamiento de los pagos, además de negociar quitas con los acreedores, bancos incluidos. Fuentes próximas a la empresa señalaron recientemente que todas las entidades financieras menos una han consentido en la aplicación de una importante rebaja de la deuda para que no se pierdan 500 puestos de trabajo.