El aumento en la quiebra de empresas continuó en julio el camino casi ininterrumpido que comenzó hace casi un año, en septiembre de 2020. El mes pasado se registraron 455 concursos de acreedores, un 42,6% más que en julio del 2020, ya en pandemia, y un 33,4% más que en julio de 2019, según el Colegio de Registradores. La destrucción del tejido productivo provocada por el coronavirus, por tanto, sigue adelante ante las sucesivas olas de la enfermedad y pese a los avances en la vacunación.
Tras alcanzar un máximo histórico de más de 8.000 casos en 2013, los concursos de acreedores acumularon varios años de descensos de en torno al 20% impulsados por la recuperación económica. En 2017, bajaron ya un menor 9%, para comenzar a subir ligeramente en 2018 (3,7%) y 2019 (0,5%) como consecuencia del menor crecimiento. En 2020, sin embargo, volvieron a caer (5,6%, hasta las 3.428 operaciones) por el freno que registraron los trámites durante los meses de confinamiento y por la moratoria concursal aprobada por el Gobierno para combatir los efectos económicos de la pandemia, ampliada hasta final de este año.
La medida del Ejecutivo, no obstante, está teniendo un efecto limitado. Normalmente las empresas están obligadas a instar su concurso de acreedores 'voluntario' en los dos meses posteriores a caer en insolvencia, es decir, de llevar tres meses sin pagar impuestos, contribuciones a la Seguridad Social o salarios. También lo pueden reclamar los acreedores (concurso 'necesario'). El Gobierno aprobó en marzo del año pasado suspender dicho deber de solicitar la declaración de concurso, así como a la obligación del juez de admitir a trámite las solicitudes presentadas por los acreedores. Sin embargo, las empresas siguen pudiendo iniciar el procedimiento si así lo quieren, lo que explica el aumento de dichos procedimientos.
Cambio legal en marcha
Desde el cuarto trimestre del año pasado (+19,5%), los concursos vienen creciendo con fuerza, salvo dos ligeras caídas en enero y febrero (12,2% y 0,3%, respectivamente). Es algo inevitable tras la crisis provocada por la pandemia; la clave -como viene advirtiendo el Banco de España- sería lograr que dichos procesos no supongan el fin de empresas viables que podrían salir adelante con las medidas adecuadas, como ocurre ahora. Para lograrlo, el Gobierno sometió hace unos días a trámite de audiencia pública el anteproyecto de reforma de la ley concursal, que traspone una directiva europea sobre reestructuraciones e insolvencias.
El texto, con todo, está despertando algunas dudas por parte del sector. "Creo que el proyecto presentado, tal y como está redactado, no va a cumplir, una vez más, los objetivos expuestos, ello fundamentalmente debido a que el hecho económico es difícilmente doblegable con la Ley, siempre que el individuo sea un agente económico y se respete mínimamente la propiedad privada", ha sostenido Luis Martín, socio de Abencys, despacho especializado en insolvencias y reestructuraciones.
