Los temporeros italianos consiguen impulsar una normativa que prohíbe el trabajo en los campos de la región de Apulia durante las horas más cálidas del día. 

Camara Fantamadi murió el pasado 24 de junio tras haber trabajado varias horas a temperaturas de más de 40 grados en las campiñas de Brindisi, en Apulia, el tacón de la bota italiana, en plena temporada de recolección del tomate. Camara, de 27 años y originario de Mali, estaba regresando en bicicleta a su dormitorio cuando se desmayó. Sus compañeros llamaron a una ambulancia pero ya era tarde. Su cuerpo quedó a disposición de la policía, que se puso a investigar. Mientras llegaban los restulados de la investigación, el 26 de junio, dos días antes de una protesta callejera de los temporeros, Michele Emiliano, el gobernador de Apulia, emitió una ordenanza que prohíbe hasta finales de agosto el trabajo en sus campos entre 12.30 del mediodía y las 16 de la tarde.

La lacra de la explotación de los temporeros en la Italia es, como en España, un viejo problema. Hombres y mujeres migrantes y autóctonos, que despiertan antes que el sol y acuden a plazas donde les recogen furgonetas para trabajar en fincas de agricultores, como último eslabón del actual sistema de la gran distribución de los alimentos. Es un polvorín social que desde los noventa ha explotado más de una vez en Italia, con revueltas de temporeros, algunos de los cuales ahora se han estructurado en grupos organizados.

Tal como cuenta el camerunés Jean René Bilongo, exjornalero y ahora sindicalista de CGIL-FLAI, uno de los gremios que están detrás de las protestas que hubo en Apulia después de la muerte del joven Camara. «La decisión de Apulia es un primer paso. Pero quisiéramos que la limitación horaria se extienda a otras regiones en temporada de cosecha».

Este verano, tras Apulia, algunas localidades de Campania y Basilicata con actividad agrícola intensa adoptaron en julio medidas similares, y también decidieron impedir el trabajo en las horas de más calor. «Lo importante es que no mueran más personas», añade Bilongo.

De una opinión parecida es Yvan Sagnet, otro camerunés que en 2011 organizó una de las primeras huelgas de jornaleros en los campos de Apulia. Tras años de lucha callejera, decidió fundar el colectivo NO CAP, una red de una veintena de empresas agrícolas y supermercados que pagan seguridad social e impuestos, y dan alojamiento a los cerca de 700 temporeros que ha empleado.

«Es una lucha que acaba de empezar. Las resistencias de la industria a aceptar que no se trabaje en condiciones climáticas extremas es reflejo de un problema estructural. No la quieren porque eso significaría que los productos llegaran 2 o 3 horas más tarde a la cadena de distribución y eso tiene una repercusión sobre el precio», dice Sagnet.

Marco Omizzolo, investigador de la Universidad La Sapienza y del centro Eurispes, coincide en que hoy el colectivo de los jornaleros de Italia «es más visible y está mejor organizado, si bien la situación de explotación laboral es todavía dramática». «Desde 2016, Italia tiene una ley que castiga la explotación de los jornaleros, pero sus frutos son aún insuficientes», lamenta el analista. Más crítico aún es el marfileño Aboubakar Soumahoro, coordinador de la Liga de los Temporeros, una red nacida en agosto del año pasado. Según él, se requiere de «una gran reforma ética de toda la industria alimentaria» en Italia y en la Unión Europea, para que ordenanzas como la de Apulia no sean solo un «lavado de imagen».

Por ello, «la idea es entrar en contacto también con los que están en Malta, Grecia y España. Muchos jornaleros son transfronterizos, tienen los mismos problemas y, además, no logran acreditar las horas trabajadas en cada país, a efecto de su pensión. Este es otro de los grandes problemas», dice Soumahoro. Su lucha, al parecer, ha dado un salto.