El 20% de las empresas de Canarias ha tenido que recurrir al aval del Estado para lograr crédito con el que afrontar las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia. Si a finales de julio del año pasado 22.840 negocios del Archipiélago habían solicitado los conocidos como préstamos ICO, un año después esta cifra se ha incrementado en casi 5.000 y de ellas, 1.000 lo han hecho desde el mes de enero. De esta manera, a finales del pasado mes de julio 27.815 empresas habían solicitado avales logrando una financiación de 4.318 millones de euros, por lo que el paraguas de estos créditos alcanza a una de cada cuatro empresas de las Islas.

Este mecanismo, –puesto en marcha por el Gobierno central en marzo de 2020 con el objetivo de aportar liquidez a las empresas que se vieron obligadas a paralizar su actividad por el confinamiento–, ha permitido mantener a flote a buena parte del tejido económico de Canarias, que de otra manera no hubiera tenido más remedio que echar el cierre de manera definitiva.

Más de 27.800 empresas de las Islas solicitan estos préstamos para evitar su cierre

Sin embargo, lo que en un primer momento se pensó como una medida de choque para hacer frente a una drástica paralización de la economía ha tenido que adaptarse por la extensión de la crisis y el Ejecutivo central no ha tenido más remedio que ampliar en varias ocasiones el periodo de carencia y amortización de estas líneas de crédito. Actualmente, las empresas que cumplan una serie de requisitos tienen hasta el 15 de octubre para prolongar hasta los diez años el periodo de devolución y alargar la moratoria más de dos años. Para ello, una de las condiciones es que los solicitantes hayan contabilizado pérdidas superiores al 30% el año pasado, algo que actúa como freno para muchas empresas de las Islas.

Así lo indica Jorge Hodgson, socio director de JH Asesores Financieros, quien explica que existen empresas con caídas inferiores al 30% que no podrán acogerse a estas ampliaciones, pero tampoco se encuentran en condiciones de hacer frente al pago de estas deudas. «Canarias es la comunidad más afectada por la crisis y los resultados de las empresas han seguido cayendo», sostiene. Por eso, las que no puedan acogerse a una nueva ampliación del plazo de carencia «deberán empezar a pagar el próximo año unas cuotas muy elevadas y pueden tener dificultades para reparar la deuda».

Hodgson advierte que en Canarias ya hay negocios que no pudieron acogerse a la ampliación anterior debido a que no estaban al corriente de sus compromisos con Hacienda o la Seguridad Social y están teniendo ahora problemas para pagar las cuotas, llegando incluso a producirse impagos ante la imposibilidad de afrontar las cantidades que reclaman las entidades bancarias.

Los exigentes requisitos para ampliar los plazos frenan muchas operaciones

Al mismo tiempo, las empresas deben convivir con las dificultades para acceder al crédito que no esté avalado por el Estado, ya que los bancos vigilan con lupa cualquier operación debido al riesgo de morosidad por la crisis y ya tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo han advertido de que puede cerrarse el grifo del crédito incluso para aquellas empresas que sean solventes.

«Vivimos en una nube, anestesiados y hay mucha incertidumbre. Si no se reactiva pronto el turismo tendremos un problema muy grande», vaticina Hodgson. Por eso, insiste en la necesidad de que el Estado saque nuevos cupos de líneas ICO destinadas a proporcionar liquidez a las empresas y no solo enfocados a la inversión, siendo esta última a la que se han acogido la gran mayoría de las empresas que han solicitado estos créditos de manera más reciente en el Archipiélago.