La aerolínea Plus Ultra, rescatada por la SEPI con 53 millones de euros, ha exigido este viernes celeridad a la jueza que está analizando la operación y ha bloqueado la entrega de 34 millones que restan de la ayuda pública, máxime cuando la Abogacía del Estado y la Fiscalía se han pronunciado a favor del desbloqueo.

La compañía advierte de que, si se mantiene el retraso del juzgado en la toma de una decisión "sin justificación" y ante "la urgencia y la necesidad" de recibir la financiación, "deberá hacerlo constar" ante el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Señala que tiene "gran preocupación ante este retraso de la decisión judicial, ya que causa graves daños tanto a la aerolínea como a terceros" que "pueden ser irreparables y ante los que, de darse, habrá que exigir responsabilidades".

La nota explica que Plus Ultra ha entregado en tiempo y forma toda la información requerida, pero "no tiene constancia" de que la magistrada que instruye el caso haya tomado aún una decisión y "no entiende" por qué se está retrasando la resolución sobre la paralización del rescate, sobre todo cuando han apoyado ya el desbloqueo de esos fondos tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía de Madrid.

El pasado 30 de julio, la Fiscalía de Madrid instó al juzgado de instrucción número 15 de Madrid a desbloquear los 34 millones de euros pendientes al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores.

"No está acreditado en modo alguno -señala la Fiscalía- a la vista de las actuaciones practicadas la existencia de delito, ni de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraude de subvenciones y por tanto, tampoco la necesidad de adoptar medida cautelar alguna".

El juzgado suspendió el pasado 22 de julio el rescate a la aerolínea, a la espera de las alegaciones de la Fiscalía y de la justificación por la empresa de la ayuda (dos préstamos, uno participativo por 34 millones y otro ordinario por 19, éste ya desembolsado).

En opinión de la Fiscalía, no hay peligro de incurrir en mora procesal, ya que sólo en el momento en el que se incumpliera el vencimiento de la obligación de devolución se podría producir un daño real para el erario.

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).