El Gobierno trata de poner coto a la morosidad, un problema que asfixia a muchas compañías, especialmente en situaciones de crisis como la actual derivada de la pandemia del coronavirus, al impedir que aquellas compañías con plazos de pago por encima del límite legal puedan ser beneficiarias de subvenciones públicas y restringir su acceso a contratos públicos. Así se recoge en el anteproyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, denominado ley crea y crece, que fue elevado a audiencia pública tras el último Consejo de Ministros y que, como su propio nombre indica, busca impulsar la creación de empresas y fomentar la expansión y musculatura de las pymes españolas.
Las empresas tienen la obligación legal de realizar el pago a sus proveedores en un plazo de 60 días, aunque la realidad es muy distinta. Según un análisis realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), los plazos de pago a proveedores de las empresas del Ibex se han disparado en 2020 hasta los 191 días, mientras que en el caso del resto de compañías que cotizan en bolsa asciende a 200 días.
Es decir, el plazo real ha triplicado el periodo legalmente establecido sin ninguna penalización para quienes pagan más tarde, pero causando verdaderos quebraderos de liquidez y rentabilidad a quienes son receptoras de ese dinero.
Por ello, a través de esta norma con la que el Gobierno pretende reforzar la estructura empresarial para darle una mayor musculatura, se quiere penalizar a estos malos pagadores en su relación con las administraciones públicas, pero también impulsar la factura electrónica al modificar la normativa actual y ampliar la obligación de expedir y remitir facturas de ese tipo a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales, lo que, a su juicio, garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos entre ellas. También se creará un Observatorio de Morosidad Nacional que se encargará del seguimiento y evolución de los datos de pago y la promoción de buenas prácticas en este ámbito o terreno.
La lucha contra la morosidad es uno de los cuatro ejes de la norma, a la que hay que añadir medidas que tratan de eliminar los obstáculos que surgen a la hora de fundar una empresa, mejorar la regulación y ampliar el apoyo financiero. En este sentido, la medida estrella del anteproyecto es la reducción, desde los 3.000 euros actuales a tan solo un euro, de la cuantía mínima de capital social con la que se puede crear una empresa (sociedad limitada). Esta medida pretende alinear las facilidades de creación de empresas de España con las de otros países más favorables al emprendimiento y fomentar, así, la fundación de nuevos negocios en el país.
Además, se acompaña de facilidades para crear empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir sensiblemente los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.
Financiación más fácil
En lo que respecta al marco regulatorio, el anteproyecto de ley propone modificar la ley de medidas de liberalización del comercio, para ampliar el catálogo de actividades económicas exentas de licencia e incorporar al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma. Además, se impulsa la cooperación entre las distintas administraciones públicas para reforzar las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las entidades públicas no cumplen los principios de buena regulación económica. Esta coordinación se impulsará de la mano de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima Empresarial que se convocó por primera vez la semana pasada.
Por otra parte, el anteproyecto también impulsa los instrumentos de financiación alternativos a la financiación bancaria como el crowdfunding o la posibilidad de recaudar fondos online a través de la participación de muchas personas que dan dinero para una causa o proyecto específico. Como principal novedad, introduce un alza de los umbrales por proyecto financiado e inversor en una horquilla de entre 1.000 euros y el 5% de la riqueza, un límite que pretende ser más «flexible» que el anterior, pero que en todo caso incluirá una «advertencia sobre el riesgo de la inversión», al tratarse de inversiones muy arriesgadas en la mayoría de los casos. También se adapta la regulación nacional a la normativa europea, dando más flexibilidad a estas plataformas para prestar sus servicios, reforzar la protección de los inversores y permitir la creación de vehículos para agruparlos.
Además, se incluyen un conjunto de modificaciones para impulsar la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico. Y se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados, fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, para contribuir y mejorar la financiación de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera por el covid-19.
Un ‘pack’ para el emprendimiento
Esta norma entra en fase de información pública con el fin de ser aprobada como proyecto de ley por el Consejo de Ministros antes de terminar el año, según fuentes del Ejecutivo. Entonces, tendrá que ser llevada al Congreso para su tramitación parlamentaria con la intención de que sea aprobada en 2022. La ley crea y crece se enmarca dentro del Plan de Recuperación en un tridente legislativo que completan el anteproyecto de ley de ‘Start-ups’ –actualmente también en fase de consulta pública– y la reforma de la ley concursal, que transpone la directiva de 2019, y que está previsto que sea aprobada en las próximas semanas, para dar un impulso a las empresas pequeñas y medianas en plena recuperación de la economía tras el impacto de la pandemia.
