Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias han rechazado este miércoles dar un fondo de apoyo para garantizar la solvencia de JSP, lo que a juicio de la diputada nacionalista Rosa Dávila implica que el Ejecutivo abandona a los trabajadores "a su suerte, en manos de los depredadores".
Para los grupos parlamentarios que respaldan al Ejecutivo autonómico existe, por el contrario, un compromiso firme y absoluto en la defensa de los puestos de trabajo y han indicado que si no prospera la intervención en la empresa de algún grupo inversor, el Gobierno de Canarias pondrá en marcha los mecanismos legales oportunos.
El debate sobre la situación de JSP se suscitó este miércoles en el pleno del Parlamento regional a raíz de la presentación de una proposición no de ley defendida por Rosa Dávila para aprobar un fondo de apoyo que garantizase la solvencia de las empresas no financieras que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo canario.
Para la parlamentaria del grupo Nacionalista (CC-PNC-AHI), la situación de JSP es "la crónica de una muerte anunciada" y su proposición tenía el objetivo de su rescate como empresa estratégica con más de 40 años de historia, en los que se ha convertido en la principal industria láctea de las islas y genera 500 empleos directos y más de 2.000 indirectos.
Si hoy ha defendido esta proposición es porque así se lo pidieron los líderes de NC y ASG, Román Rodríguez y Casimiro Curbelo, respectivamente, así como la consejera de Economía, Empleo y Conocimiento, Elena Máñez, quienes así lo formularon delante de los trabajadores para salvar a la empresa "del desguace y la liquidación".
Pero lo cierto, continuó Dávila, es que el Gobierno regional había decidido abandonar a los trabajadores a su suerte desde el primer momento, pese a que han puesto más de un millón de euros de sus sueldos para salvar a la empresa.
"Ninguna respuesta, ninguna sola llamada"
"No han tenido ninguna respuesta, ni una sola llamada" y los han dejado en manos de los depredadores, de los fondos de inversión que van a subastar la empresa al mejor postor pese a que el Gobierno tiene la herramienta en forma de las ayudas de salvamento previstas por la Unión Europea, subrayó la diputada nacionalista.
Estas ayudas son por naturaleza urgentes y transitorias y se encaminan a permitir que una empresa en crisis se mantenga en activo el tiempo suficiente para evitar su desaparición, y Rosa Dávila argumentó que rechazaba las enmiendas presentadas por los grupos que sustentan al Gobierno porque son "una suerte de naderías".
Entre otros motivos, prosiguió, porque le pedían retirar de su texto la consideración de JSP como industria estratégica para Canarias debido al impacto que supondría en la destrucción de empleo y el arrastre a otros sectores, como el ganadero.
En opinión de la diputada nacionalista, el presidente Ángel Víctor Torres "prefiere que se subaste la empresa a cachos al mejor postor" y lo acusó de faltarle "liderazgo, arrestos y ganas", para indicarle también que "le falla a Canarias, a los trabajadores y decepciona a la gente de esta tierra, no ha estado a la altura".
Por el grupo parlamentario Socialista el diputado Manuel Abrante dijo que el Gobierno regional ha contactado con diferentes opciones de inversores para la empresa y no hay ninguna propuesta canaria interesada en ello, por lo que en su caso pondrá en marcha los mecanismos legales necesarios para dar una solución duradera que garantice la viabilidad en el tiempo.
Abrante recriminó a CC que en la crisis anterior cayeron más de 10.000 empresas en Canarias sin que en ningún momento "se rasgase las vestiduras" y cuestionó a Rosa Dávila si alguien le ha preguntado a JSP si quiere ser rescatada, pues arrastra su mala situación desde hace muchos años sin que los gobiernos nacionalistas hiciesen nada.
Jesús Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, afirmó que el Gobierno canario no ha cesado de trabajar y dialogar en busca de la mejor solución posible pero "con los pies en el suelo, sin crear falsas expectativas" ni dando "falsas esperanzas a nadie".
Por Sí Podemos Canarias Manuel Marrero acusó a Rosa Dávila de crear falsas expectativas y hacer demagogia con los trabajadores de una empresa que durante años ha recibido fondos REA y en la que ha habido mala gestión, y le pidió que no aparezca como "la salvadora" pues cuando fue consejera de Hacienda "se inhibió".
Luis Campos, de Nueva Canarias, dijo que la responsabilidad de la situación de la empresa no es de éste ni del anterior gobierno y advirtió de que "esto no va de dar dinerito", pues las ayudas financieras están condicionadas a un plan de reestructuración realista, coherente y de largo alcance.
El diputado del grupo Popular Manuel Domínguez aseguró que los grupos que sustentan el Gobierno acusan a Dávila de no haber hecho nada en su momento para ahora ellos hacer lo mismo, y les preguntó "cuándo van a romper el retrovisor y empezar a mirar de frente" para tomar decisiones, pues en su opinión "son el mayor fracaso que ha tenido Canarias en los últimos tiempos y su escudo social hace aguas por todos lados".
Por el grupo Mixto Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, consideró que la solución más viable sería aprobar un decreto ley para dotar de un fondo de solvencia a las empresas consideradas estratégicas y reclamó al Gobierno regional que articule la mejor propuesta posible para que se garanticen los puestos de trabajo.
