Un centenar de empleados públicos de la Comunidad Autónoma se concentró ayer en Playa Chica, en Las Canteras, formando una cadena humana, y un grupo de ellos fue nadando a La Barra para desplegar una pancarta en la que se exigía: «¡Justicia laboral, ya!». Demandan al Gobierno canario que cumpla el acuerdo alcanzado con ellos para hacerlos fijos y la normativa en el mismo sentido de la Unión Europea. El personal temporal de la Administración de la Comunidad Autónoma, un 60% contando Educación y Sanidad, lleva una media de 17 a 18 años con contratos temporales por «la mala gestión del empleo público», expone la portavoz del comité de huelga y vicepresidenta de la Plataforma de Empleados Públicos , Julia Jiménez.

El Gobierno de España se ha comprometido con Bruselas a bajar el alto porcentaje de contratos temporales en la Administración pública antes de 2022. El compromiso afecta a todos los niveles de la Administración -Estado, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y entidades locales– y el objetivo está marcado: la temporalidad en las plantillas públicas no podrá superar el 8%. En el caso de Canarias, esto implica que el conjunto del sector público –Ejecutivo regional, cabildos, ayuntamientos y organismos estatales– debe estabilizar un total de 42.500 empleos.

El paro de ayer, convocado por el comité de huelga de los empleados del Gobierno canario, es el primero de esta semana. Desde enero están en huelga y convocan cuatro días de paro y este mes son seguidos. Hoy habrá una manifestación por la tarde, que partirá del Cabildo de Gran Canaria y concluirá en la Presidencia del Gobierno canario; el miércoles se concentrarán en la plaza de Derechos Humanos de la capital grancanaria, y el jueves llevarán a cabo una caravana de coches, que comenzará en el parque de Juan Pablo II.

La portavoz del comité de huelga expone que el real decreto sobre los interinos aprobado por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez no cumple con la normativa comunitaria sobre la temporalidad ni con las sentencias dictadas por los tribunales. Desde el Gobierno central se pretende regularizar a aquellos que llevan diez años en esa situación cuando es a partir de tres el abuso, subraya Jiménez. El Gobierno ha sacado un real decreto ley «malo que ya se tiene que gestionar como proyecto de ley porque muchos partidos políticos van a presentar enmiendas y no cumple la normativa ni la jurisprudencia Europea», recalca. «El real decreto sigue sancionando a los trabajadores y la mayor sanción es el despido», sentencia.

La portavoz critica al Gobierno canario por «estar a la espera de Madrid» y por el doble lenguaje que mantiene. Valoran la actitud del viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Fernando Martínez, en las negociaciones que han comenzado a través de las mesas creadas, pero critican que cuando se dirige a los medios de comunicación su mensaje sea otro. A juicio de Julia Jiménez, el Gobierno canario podría haber resuelto esta situación en tres meses, pero ya son ocho los que llevan con paros y seguirán hasta lograr sus demandas. Además, sostiene que la intención del Gobierno «ha sido establecer una hoja de ruta destinada a privatizar los servicios públicos con los dineros procedentes de la UE para la recuperación de Canarias» tras la crisis sanitaria producida por el Covid. Para los empleados públicos en huelga, «esta ruta de privatizaciones es inaceptable y los dineros procedentes de Europa están en serio peligro si no se dan condiciones adecuadas de permanencia en sus puestos de trabajo a más del 40% de empleados públicos en abuso de temporalidad en Canarias». ¿Quién va a gestionar esos fondos con rapidez si la plantilla está inmersa en un conflicto laboral?, preguntan. La respuesta es que el Gobierno piensa en «privatizar» y no lo van a permitir.