La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ve a Canarias, Baleares, Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana como las comunidades que «especialmente» tendrán dificultades en cumplir la regla de gasto en los próximos años. Así lo pone de manifiesto la organización en el último número de su publicación Cuadernos de Información Económica, donde exponen que hay una «calma aparente a corto plazo» en materia de presupuestos y déficit públicos, que a medio y largo plazo derivará en «tensiones» en el conjunto del país.
En el caso de las comunidades autónomas, el documento explica que hay una «calma especialmente tensa» en cuanto a las cifras de déficit de las regiones, ya que el Gobierno central ha «apostado por una estrategia de aislarlas de los efectos financieros de la pandemia, transfiriendo recursos como nunca», lo que ha derivado en una «suerte de espejismo».
Y detallan las causas de ese «espejismo»: una, que una parte de los ingresos de 2020 y 2021 deberán ser devueltos en 2022 y 2023, cuando se hagan los cálculos para la liquidación del sistema de financiación; dos, un efecto escalón en los ingresos no financieros en 2022 similar al que ocurrió en 2010 y 2011; tres, los problemas arrastrados de «insuficiencia financiera particularmente intensos en algunas comunidades autónomas»; y cuatro, el riesgo de que una parte de los recursos extraordinarios y no recurrentes de 2020 y 2021 se utilice para financiar partidas que no lo son.
Servicios públicos
Adicionalmente, Funcas valora «la naturaleza de los servicios públicos prestados por las comunidades autónomas y las perspectivas a medio plazo y largo plazo», en particular en la sanidad y los servicios sociales, incluida la atención a la dependencia, «marcadas por el envejecimiento progresivo de la población». Ello «tensionará al alza el gasto en ambas áreas», que la organización recuerda que suponen «más de la mitad de los presupuestos autonómicos».
Así, el documento de Funcas cita las proyecciones de Susana Borraz hasta 2030 en las que apunta que «la evolución demográfica combinada con el mayor coste asociado a las nuevas tecnologías sanitarias, la implantación plena de la llamada Ley de la Dependencia e incrementos moderados en el gasto educativo per cápita conducirían a dificultades significativas para cumplir con la regla de gasto». Esas dificultades se materializarán «especialmente en aquellas comunidades con mayor riesgo de envejecimiento futuro», entre las que se encuentran tanto Canarias como el otro archipiélago español, el balear, y las ya nombradas Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana.
Funcas concluye que en España hay un porcentaje menor de mayores de 50 que reciben ayudas externas de personas que van al hogar para realizar tareas cotidianas de limpieza u otro tipo de atenciones. En concreto, se sitúa en el 11,5 %, frente al 18,7 % de Europa. Aunque las ayudas de dentro del hogar en España son algo más elevadas, no son lo bastante importantes como para compensar la menor cantidad de ayudas externas en comparación con Europa, expone un estudio.
Las mujeres reciben menos ayudas dentro del hogar, lo cual encaja con que normalmente son las cuidadoras y, caso de necesitar ellas esos cuidados, se gestionan desde fuera del hogar, explica el investigador, quien destaca que «hay más mujeres viviendo solas a edades avanzadas y, forzosamente, en esos casos las ayudas son externas». «Se acude a cuidadores formales cuando la situación de dependencia es importante y esos cuidadores estarían dentro del hogar atendiendo a los mayores», sobre todo a partir de los 75 años y con discapacidades permanentes, pero «reportan niveles de satisfacción más bajos que los demás» en sus relaciones.
