La diputada del Grupo Nacionalista Canario, Rosa Dávila, insistió ayer en que el Gobierno de Canarias tiene que intervenir en el recate de JSP y evitar su cierre, “ya que se trata de una empresa estratégica en Canarias”. En este sentido, reprochó al presidente regional, Ángel Víctor Torres, que no se haya mostrado firme en la defensa de los intereses de los trabajadores, ni del mantenimiento del tejido productivo, “en una situación económica y social tan dura como estamos viviendo”.

La empresa se encuentra desde la pasada semana en concurso voluntario de acreedores y ya ha dejado de suministrar algunos de los productos más emblemáticos elaborados por JSP, tal y como ha denunciado la plantilla, que ve peligrar los 500 puestos de trabajo de la compañía. Al mismo tiempo continúan celebrándose reuniones con los acreedores y los fondos de inversión Hiperion y Vulcan Foods, que han mostrado interés por hacerse con el negocio, mientras el Gobierno regional estudia el encaje legal para crear un fondo de rescate para sostener la actividad del grupo industrial, del que dependen otros mil empleos indirectos.

Los trabajadores han redoblado la presión con el Gobierno y los grupos parlamentarios para tratar de encontrar una solución a la difícil situación de la empresa. El debate sobre la necesidad de prestar apoyo público a la compañía entrará la próxima semana en el Parlamento de Canarias, donde Dávila defenderá una Proposición No de Ley (PNL) con el objetivo de que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a aprobar mediante un Decreto Ley, “un Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas Canarias” dotado de 50 millones de euros.

Este mecanismo permitiría, según lo expuesto en la PNL, dar “apoyo público temporal” para garantizar la solvencia de las “empresas no financieras que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo canario” como es el caso de JSP.

Para el Grupo Nacionalista Canario “es exigible al Gobierno una decisión firme al respecto y que declare a JSP empresa estratégica canaria” por su importancia el tejido productivo, por el impacto en la destrucción de empleo, tanto directo como indirecto, y el efecto arrastre sobre otros sectores, otras empresas proveedoras y pequeños acreedores.

El rescate de JSP por parte del Gobierno de Canarias, incide la diputada en esta PNL, es imprescindible para garantizar los empleos y la unidad del grupo industrial y el Ejecutivo debe reafirmarse en su compromiso de buscar empresas canarias que, con las condiciones firmadas el pasado 2 de julio, entren en el capital social del grupo, asegurando así su continuidad.

El acuerdo alcanzado en esa fecha perseguía una salida pactada, bajo la tutela del Gobierno de Canarias, que garantizara el mantenimiento del grupo empresarial y de los puestos de trabajo, a través de una entrada ordenada en concurso de acreedores.

Sin embargo, la situación actual, tal y como la ha planteado la empresa, es muy distinta a la propuesta hace apenas veinte días, ya que JSP ha entrado en concurso voluntario el pasado 12 de julio, sin acuerdo entre los acreedores, por lo que su objetivo es “subastar los medios de la empresa para saldar las deudas especialmente con los bancos, lo que la llevará a su desmantelamiento definitivo de la empresa si el Gobierno de Canarias no lo impide”, advierte Dávila.

Los trabajadores ya han expresado que esperan el apoyo de los grupos a esta PNL, con los que se reunirán antes de la votación.