El pasado lunes expiró el plazo de cuatro meses del periodo preconcursal iniciado en marzo por la empresa JSP. En condiciones normales, sin solución de continuidad debería haberse presentado en la jurisdicción mercantil el correspondiente concurso de acreedores. Sin embargo, no ha ocurrido así. En marzo el Gobierno central concedió una moratoria para que esos procesos quedaran sobre la mesa hasta el último día de este año como parte de una batería de medidas contra la crisis económica desatada por la pandemia global de coronavirus.

A ese clavo se agarra la propiedad de la empresa, la familia Sánchez, pero, como en todo este proceso, la división de opiniones es clara dentro del consejo de administración de la compañía.

Manuel Márquez y Pedro Casaño son los dos consejeros para los que los bancos, principales tenedores de la deuda de alrededor de 60 millones de euros que acumula la mercantil canaria, exigieron sendos sillones. El continuo incremento del pasivo financiero –cerca de 50 millones de euros– llevó a las entidades financieras a exigir estar en la toma de decisiones. Eran conscientes de que la respiración asistida, en forma de reestructuraciones de la deuda, no servía para variar el rumbo.

Para esta parte, el concurso ya debería estar presentado. Es más, se discute si esa medida de gracia anticovid rige también para las empresas que venían arrastrando serias dolencias desde antes de la declaración del primer estado de alarma. La situación de JSP es mala desde hace años, pero es que, además, solicitó el preconcurso el 3 de marzo, once días antes de que el presidente Pedro Sánchez anunciara el confinamiento.

Hasta la fecha no ha sido posible conformar el escenario preciso para la entrada de un inversor que salve de la quema a una de las principales industrias del Archipiélago, de la que dependen cerca de 500 familias.

Candidatos no han faltado, ni faltan. En la pugna final se mantienen dos fondos tras los que, según fuentes de la compañía, se alinean los dos bandos. Hiperion, de raíz asturiana y sin experiencia en la industria alimentaria, fue el primero en dar el paso. El 24 de mayo anunció que había llegado a un acuerdo con la propiedad para tomar el timón. La realidad enseguida se impuso: para que las cuentas salgan es necesario negociar una quita con los bancos y los intereses de ambas partes, al menos de momento, no han llegado a un punto de intersección.

Hace una semana, Vulcan Foods, un fondo en el que participan varios de los socios del inversor industrial alemán Quantum Capital Partners –llegó a visitar las instalaciones de JSP en Güímar para luego retirarse de la carrera– puso sobre la mesa su intención de hacerse con todos los activos de la compañía.

Este viernes, David Casañ, que se postula como CEO de la nueva JSP en caso de que la iniciativa prospere, difundió el encuentro que mantuvo con el director de Operaciones de Makro en España, David Martínez, «para compartir las líneas fundamentales de su proyecto industrial en Canarias en el marco de su interés por adquirir JSP». A ello añadió que esa reunión es solo una de las tantas mantenidas «en los últimos días con clientes, autoridades y representantes de los trabajadores».

Sin embargo, a estos últimos la idea no les seduce. Si los Sánchez están con Hiperion; Márquez está con Vulcan Foods. «Como nos temíamos, en realidad quieren que se llegue a la liquidación y en ese escenario los trabajadores, que hemos puesto miles de euros para que esta empresa saliera adelante, seremos los grandes perjudicados», afirmó el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes.

¿Por qué ese rechazo a todo cuanto esté en la órbita de Márquez? «Porque él nos dijo directamente en su día que la solución pasaba por vender Celgán [yogur] y la panificadora, externalizar la producción de café, y quedarse solo con la planta de Güímar», en la que se concentran los productos lácteos, aseguró Yanes.