«La Ley de Costas es la misma aunque Canarias tenga las competencias». Así se pronunció el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, sobre el informe de la Dirección General de Costas que deja fuera de juego a 48 construcciones situadas en primera línea de playa en Yaiza. No obstante, el consejero explicó que el documento puede admitir «matices» por el «conocimiento más directo del territorio que se tiene siempre en las administraciones autonómicas».

Las competencias en materia de Costas acabarán en manos de Canarias porque así lo exige el Estatuto de Autonomía aprobado en 2018. De hecho el trámite con el Gobierno central para el traspaso está iniciado. Aplicando las palabras de Valbuena, eso no debe significar grandes cambios, pero hay espacio para que sean los suficientes para no poner en jaque los alrededor de 3.000 empleos que propician las plantas hotelera y comercial que existen en la zona.

El informe de la Dirección General de Costas es vinculante, su contenido debe incorporarse al Plan General de Ordenación de Yaiza e incluye el desplazamiento del dominio público marítimo terrestre a cien metros de la orilla del mar. El problema es que durante la tramitación de la Ley de Costas de 1988, el Gobierno central acordó con el de Canarias que el límite fuera de 20 metros en aquellas áreas que contaran con un plan parcial que ya hubiera puesto orden en su desarrollo urbanístico.

Al amparo de esas reglas surgió la planta hotelera que hoy se ve amenazada por el documento emitido por el departamento dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 2 de junio. «Creo que debemos dejar de lado los alarmismos», señaló la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo. No obstante, advirtió del carácter «vinculante» del informe, «por lo que podría afectar a numerosos establecimientos alojativos, negocios de diverso tipo y, por ello, a muchos trabajadores», y «ocasionar un serio conflicto».

¿Cómo se resuelve esa contradicción? A través del diálogo con la Administración central, que, apuntó la presidenta, «es el cauce que debe guiar la solución de este problema que afecta a una parte importante de la oferta turística de Lanzarote». José Antonio Valbuena señaló que este «no es el único caso en el que ha habido discrepancia» entre una comunidad autónoma y Madrid, lo que da esperanza de cara a encontrar una solución, pero «siempre respetando la Ley de Costas».

Corujo indicó la posibilidad de establecer diferencias entre quienes «hayan legalizado su situación o construido legalmente», que, en su opinión, «no tendrán ningún problema», y aquellos que «han desaprovechado la oportunidad de hacerlo, insistiendo en mantener unos aprovechamientos a los que no tienen derecho”.

«No duden los afectados que tendrán en esta presidenta a una valedora de una solución pacífica y dialogada a esta compleja situación, pero siempre en el marco de la legalidad», enfatizó Dolores Corujo. «Al final se trata de informes técnicos y vamos a analizar con detalle el contenido para ver cuáles son los siguientes pasos a dar», completó Valbuena.

La asunción de las competencias y la pertenencia a un mismo partido –PSOE– allanan el camino de cara a conseguir abandonar el actual laberinto.