Las empresas start-ups tributarán bajo un tipo reducido en el Impuesto de Sociedades del 15% (en lugar del tipo general del 25%), según el anteproyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros.

El anteproyecto de ley define como start-up a una empresa de base tecnológica, con sede social y más de la mitad del empleo con contrato en España, con una edad inferior a cinco años (siete, en el caso de los sectores de biotecnología, tecnología e industrial), que no cotice en bolsa, que no haya repartido dividendos y con una facturación inferior a cinco millones de euros al año.

Estas empresas podrán tributar bajo un tipo reducido del 15% en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de no residentes en el primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes (cuatro ejercicios en total). Además, el anteproyecto incluye otros incentivos fiscales, como un sistema especial de aplazamiento de deudas tributarias, en el primer ejercicio en el que la base imponible sea positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente.

Asimismo, se eleva de 12.000 a 45.000 euros la exención en el IRPF de la retribución a empleados de start-ups en forma de pago con opciones sobre acciones (stock-options).También se elimina la obligación de hacer pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y sobre la Renta de no residentes, así como la obligación de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE), pues bastará con el número de identificación fiscal (NIF).

Según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, este proyecto de ley forma parte de las reformas estructurales que ultima el Gobierno para «atraer inversión y talento» y convertir España en «un hub empresarial y digital de referencia en Europa». Dentro de las reformas previstas, Calviño anunció que antes de que finalice el mes de julio también se prevé someter a audiencia pública el anteproyecto de ley para creación de empresas y el borrador de reforma de la ley concursal.