José Luis Curbelo: «La duración de la crisis ha generado un problema de solvencia muy serio»

¿Qué proyectos financian?

Históricamente, Cofides ha facilitado la implantación de empresas españolas en el exterior. Ahora la Administración del Estado nos ha seleccionado para gestionar una parte importante de los fondos de apoyo para la recapitalización de empresas afectadas por la covid. Aparte del fondo de apoyo para empresas estratégicas, que gestiona la SEPI, están estos 1.000 millones de euros que gestionamos nosotros para empresas de tamaño mediano. Es el segmento de empresas que, no siendo tan grandes como las estratégicas, vertebran toda la economía del país.

En números, ¿qué empresas pueden acceder?

Las que tuvieron en 2019 unas ventas de entre 15 y 400 millones de euros.

¿Son muchas?

Son relativamente pocas alrededor de 14.000 en toda España y 447 en Canarias, el 0,03% del tejido empresarial del país. Sin embargo, generan más del 30% del empleo y, como le decía, son muy importantes en la contratación de empresas más pequeñas y autónomos. Son claves para el sector servicios, para esas empresas muy pequeñitas pero con gran capacidad de generar valor añadido.

¿Tienen alguna previsión sobre cuántas de esas 447 podrán acceder a los fondos?

Calculamos que unas 35 pueden estar en esta situación de gravedad pero reconducible.

"Asumimos el mismo riesgo que la propiedad de la empresa, cobramos si el negocio va bien"

¿Qué objetivo pretende alcanzar el fondo?

Recapitalizar a las empresas que por la pandemia han perdido toda capacidad de acción. Han asumido contra sus propios lomos los pagos sin tener ingresos. Los fondos propios de las empresas, su capital, ha mermado, y esa es la base de la financiación que dan bancos y proveedores. La duración de la crisis ha generado al tejido empresarial un problema de solvencia muy serio. El fondo pretende revertir la situación y que las empresas recuperen la estructura de capital de 2019.

¿Cómo intervienen?

Aportamos recursos a esos fondos propios de las empresas. En algún caso lo haremos a través de participaciones en el capital, pero no es lo más cómodo.

¿Por qué?

En este segmento abundan las empresas familiares, que muchas veces tienen una cierta renuencia a que el Estado entre en el capital social. Los préstamos participativos son una opción más fácil y versátil. Se trata de aportaciones de casi capital, no capital stricto sensu, pero se consideran como tal a todos los efectos en tanto que son préstamos a devolver siempre que la empresa tenga para pagar.

¿Y si no?

El nivel de riesgo que asumimos es mucho mayor que el de cualquier banco o entidad financiera, que son los primeros en cobrar. Se trata de un capital paciente que entra sabiendo que existen unas altas incertidumbres. Podemos decir que el riesgo es muy parecido al que asume la propiedad de la empresa, porque cobramos si el negocio va bien. No es estrictamente capital, porque no participamos en los consejos de administración y, fundamentalmente, esa es la gran diferencia, pero nuestra retribución depende de la marcha del negocio.

"Bancos, Estado y empresarios están interesados en que ninguna empresa se vaya al demonio"

Pero la deuda existe mientras la empresa, y ese es el objetivo, pueda mantenerse operativa.

Como inversores podemos estar un máximo de ocho años y así lo dice el real decreto ley que crea el fondo. Todas estas ayudas están en el marco de las ayudas temporales que, de algún modo, circunvalan las condiciones normales de competencia, porque el Estado entra para salvar a una empresa y esa acción puede alterarlas. Evidentemente, todo se ha negociado con la Comisión Europea: plazos, precios, tipo de empresas...

¿Qué límites existen?

Invertiremos por operación un mínimo de 4 millones de euros y un máximo de 25 millones de euros. Si la empresa responde a la definición europea de pyme, que viene dada por varios factores, entre 3 y 15 millones.

¿A qué precio?

Se ha diseñado una evolución que ayude a la consecución del objetivo. Los primeros años la financiación es barata, que es lo que necesita una empresa perfectamente viable a la que la covid ha golpeado con dureza.

¿Desde cuándo está operativo el acceso al fondo?

Se creó en marzo y solo han pasado tres semanas desde que Bruselas nos dio el visto bueno informal. Hace dos, el Consejo de Ministros definió las lineas operativas y el próximo día 12 la Comisión Europea (CE) nos dirá que podemos operar. En realidad ya estamos recibiendo las solicitudes que empezaremos a analizar desde el día 1.

Todo muy rápido.

En teoría los 1.000 millones de euros tienen que invertirse antes del 31 de diciembre.

"Cumplir la ley no equivale a mirar un mal dato, también puede analizarse qué lo ha motivado"

¿Y en la práctica?

Trabajamos con ese escenario, pero sabemos que la crisis obligó a contemplar la posibilidad de prórroga. La CE habilita nuevos tramos, normalmente de tres meses. No es seguro, pero se espera y la comidilla es que va a ser así. No obstante, hemos optado por empezar a funcionar lo más rápido posible. A los oficiales de la CE se les pregunta y contestan que es probable, pero no a ciencia cierta.

La gira por las comunidades autónomas que realizan tiene un ritmo muy alto.

Mañana [por hoy] vamos a Andalucía, un compañero está en los mismos días en Galicia y Baleares. No hay tiempo que perder. En cada región hablamos con las cámaras de comercio o las patronales, los medios de comunicación y el banco de referencia. Esa es la estrategia que nos hemos marcado.

¿Por qué los bancos?

Son los que tienen el mayor conocimiento del tejido empresarial de cada lugar y trabajan con empresas que tienen problemas, son buenos prescriptores de operaciones. Los bancos, los empresarios y el Estado están interesados en que ninguna empresa se vaya al demonio.

¿Cómo se dirigen las empresas a ustedes?

Hemos habilitado una página web (www.cofides.es/fondo-recapitalizacion-empresas-covid) que da acceso a la plataforma a través de la cual presentar solicitudes. También por teléfono (915626008) o correo electrónico (fondorecapitalizacion@cofides.es).

¿Tienen en cuenta problemas locales, como la quiebra de Thomas Cook, para determinar la viabilidad de una empresa?

Seguro que esas cuestiones se pueden salvar. Debemos cumplir lo que dice la ley, pero eso no significa quedarse solo con un dato, también miramos las circunstancias que lo motivan. Esa labor la estamos encargando a las grandes empresas de analistas financieros. Nosotros hacemos la primera criba, pero recurrimos a expertos sectoriales para el análisis fino de la situación de cada empresa: viabilidad, modelo de negocio, escenarios de evolución...

¿Qué velocidad de respuesta ofrecen a las empresas?

Calculamos que desde el momento en que tenemos un dosier completo pasan entre ocho y diez semanas hasta que podemos llevarlo al comité técnico que da el visto bueno a las inversiones. Eso no significa que algún dossier no se complique, siempre hay empresas más sencillas que otras, es un proceso poco estandarizable. El plazo medio, como mucho, estará entre diez o doce semanas.