El plátano de Canarias se defenderá en Bruselas. Los productores del Archipiélago han denunciado ante la Comisión Europea la grave situación a la que se enfrenta el sector en las Islas ante la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, que les impedirá negociar libremente el precio de su fruta, al obligar a los agricultores a vender siempre por encima de sus costes de producción. Algo que para ellos significa tener que dejar de comercializar más del 30% de la cosecha anual, al no poder competir en precio con la banana, lo que pondrá en riesgo la supervivencia de una actividad de la que dependen 15.000 familias en las Islas. Una denuncia que los productores consideran su «única salida» ante el «abandono» al que ha sido sometido el sector por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Tras recibir la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a introducir ningún cambio en la normativa que exceptúe al plátano de Canarias del cumplimiento de los artículos de la ley que consideran más lesivos la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) se dirigió el pasado miércoles a Bruselas para que sea la propia Unión Europea (UE) la que dirima si el texto de la Ley es contrario a alguna de las directrices europeas.
En la denuncia remitida a la Comisión, los productores argumentan que la norma contraviene varias directivas europeas relacionadas con las prácticas comerciales y el funcionamiento del mercado interior, pero insisten en que además ignora el tratamiento especial que deben recibir las producciones agrícolas del Archipiélago como Región Ultraperiférica (RUP). Una protección que favorecería que se adoptase la decisión de exceptuar al plátano de Canarias de varios artículos, como así ha propuesto el sector, sin éxito, al Gobierno central.
La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, –que ayer inició en el Congreso de los Diputados su tramitación parlamentaria–, surge como respuesta del Ejecutivo nacional a las protestas de los agricultores y ganaderos, que a principios del año pasado sacaron sus tractores a la calle en diferentes puntos del país para reclamar precios justos para sus cosechas y productos. De esta manera, a través de varios artículos, la norma busca introducir la variable de los costes de producción para fijar los precios de los productos agrícolas españoles, estableciendo además la prohibición de vender por debajo de ellos.
Sin embargo, los productores de plátano de Canarias llevan un año reclamando quedar excluidos de estos artículos de la ley. ¿La razón? Que la obligación de vender a un precio superior al del coste de producción les perjudica frente a su principal competidor en el mercado peninsular: la banana. Esta fruta se cultiva fuera de la Unión Europea, acogiéndose a una normativa menos garantista, tanto en relación al uso de productos fitosanitarios como en materia laboral, lo que hace que sus costes sean muy inferiores a los del plátano de Canarias.
En algunos momentos del año a los productores isleños no les queda más remedio que bajar sus precios y vender a pérdidas para poder mantenerse en el mercado nacional y competir con este producto extracomunitario.
El presidente de Asprocan, Domingo Martín, señaló ayer que el sector se ha visto obligado a presentar esta denuncia después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya “abandonado” al plátano de Canarias en favor de la banana. Martín señaló que el ministro de Agricultura, Luis Planas, “ha incumplido su palabra” ya que durante su visita a La Palma el pasado mes de mayo se comprometió “a buscar una solución para el plátano” y flexibilizar la norma, algo que finalmente el Ministerio de Agricultura ha descartado, según los productores.
Martín explicó que con la aprobación de esta ley el sector solo tiene dos salidas: aplicarla y dejar de comercializar “entre un 30 y 80% de la producción anual, lo que nos haría perder unos 100 millones de euros en ventas” o incumplirla y enfrentarse a multas millonarias que impedirían continuar con la actividad.
El gerente de Asprocan, Sergio Cáceres, insistió en que el sector trabaja desde hace meses para “trasladar al Gobierno de España la inquietud de los preceptos de regulación del precio mínimo”, apoyando su postura con informes económicos y jurídicos “que no han sido rebatidos por ninguna administración”.
Ante el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Cadena Alimentaria, Cáceres apunta que se abren dos escenarios. El primero es que se logre sacar adelante alguna de las dos enmiendas presentadas para tratar de modificar el articulado de la ley y que se adapte a las necesidades del plátano de Canarias o bien que sea Bruselas la que especifique si la normativa incumple alguna de las directrices europeas respecto a la especial protección de las producciones agrícolas de las Regiones Ultraperiféricas.
Si la Comisión Europea considera que la Ley española es incompatible con alguna directriz comunitaria instará al Gobierno central a realizar una adaptación de la normativa de manera coordinada y si esto no se lleva a cabo podrá elevar el caso al Tribunal Europeo de Justicia.
