En la vista votación con la que el Congreso de los Diputados daba el miércoles carta legal al recorte de los incentivos fiscales para las producciones cinematográficas hechas en Canarias pese a la opinión en contra del Parlamento y el Gobierno autonómico, salía adelante de forma definitiva el proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal que, entre otras medidas, reduce de 2.500 a 1.000 euros los pagos en efectivo. Y además, para disgusto de los comerciantes, la limitación se extiende a los pagos de particulares a empresas (compras) o profesionales. Hasta ahora la limitación de los pagos en efectivo (de 2.500 euros) solo afectaba a la relación entre empresarios pero en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado también afectará a los particulares. Otras novedades incorporadas en la ley son las siguientes:

Pactos sucesorios

Se suprimen las ventajas fiscales que algunas comunidades autónomas –Galicia, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares– conceden a los pactos sucesorios o herencias en vida si los bienes obtenidos por esta vía se transmiten antes de cinco años, según una de las enmiendas introducidas en el proyecto.

En Canarias el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estaba bonificado al 99,9% hasta 2019, a partir de ese año el Gobierno de Canarias conformado por la coalición PSOE, NC, ASG y Podemos, decidió recuperar esta figura impositiva y establecer bonificaciones progresivas en las cuotas tributarias en función del importe de la herencia o donación de forma que solo quedaron exentas las transferencias de bienes con importes inferiores a 300.000 euros.

Morosos y paraísos

La nueva ley baja de un millón a 600.000 euros de deuda con Hacienda el umbral para aparecer en la lista de morosos. Además, amplía el concepto de paraíso fiscal para permitir la inclusión de jurisdicciones no cooperantes. También se prohíben las amnistías tributarias que en el pasado sirvieron para regularizar patrimonios no declarados en condiciones más ventajosas que si hubieran tributado normalmente.

Sicav y Socimi

En lo que se refiere a las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), se refuerza su control mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tendrán que ser 100. El objetivo es evitar el recurso a los mariachis, u hombres de paja que se incluyen como partícipes de estos vehículos para que los más ricos se aprovechen de beneficios fiscales. También se establece un gravamen especial sobre el beneficio no distribuido de las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (socimi) del 15 %.

Criptmonedas

Mayor control sobre las criptomonedas. Los contribuyentes tendrán que informar de los saldos y titulares de las cuentas tanto en territorio nacional como en el exterior, de operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos. Será obligatorio informar en el modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el exterior sobre la posesión de criptodivisas en el extranjero.

Inspecciones

Se establece que la Agencia Tributaria deberá obtener el consentimiento del obligado tributario o una autorización judicial para efectuar entradas en domicilio durante sus inspecciones. La solicitud de la autorización judicial para la entrada en un domicilio deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad.

‘Software’ de doble uso

La ley introduce la prohibición del denominado software de doble uso. En concreto, la norma impide la producción, la tenencia o el uso de sistemas y aplicaciones informáticas de gestión contable que consiguen falsear la contabilidad de empresas, con el objetivo de ocultar a ojos de la Administración Tributaria una parte de su facturación y así rebajar la factura fiscal. La norma exige que los sistemas electrónicos utilizados en la contabilidad se ajusten a unos requisitos que garanticen la inalterabilidad de los registros.

Valor inmobiliario

El Catastro fijará un valor de referencia de cada inmueble a partir de todos los datos disponibles que será la base imponible de los impuestos de sucesiones y transmisiones.