La Audiencia de Madrid ha admitido parcialmente un recurso de la Abogacía del Estado por las diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la SEPI Bartolomé Lora por el rescate de Plus Ultra al entender que hubo un fraude de ley ya que se presentó una denuncia y no una querella.

El pasado 8 de abril, el juzgado de instrucción número 15 de Madrid abrió diligencias contra Lora y el consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate de la aerolínea.

Pocos días después, la abogacía del Estado recurrió esa resolución en representación de Bartolomé Lora, y ahora la Audiencia de Madrid explica a Manos Limpias que "cualquier persona física o jurídica puede instar la incoación de un procedimiento penal" con una única exigencia, que es "mediante querella criminal", y no mediante una denuncia.

El hecho de haber iniciado diligencias con la mera presentación de una denuncia supone, en opinión de la Audiencia de Madrid, "un fraude ley", que permite a los denunciantes eludir las exigencias legales de presentación de querella y la prestación de fianza.

Una vez que la Fiscalía ha considerado que "la fundamentación del auto adolece de elementos suficientes que amparen dicho inicio de la investigación", la Audiencia provincial concluye que "no hay acusación válidamente constituida ni legitimada en las presentes actuaciones".

Los magistrados se remiten además a la doctrina del Tribunal supremo, que entiende que "sin acusación o con acusación fuera de la Ley no puede iniciarse un proceso".

No obstante, prosigue la Audiencia de Madrid, "tal defecto puede subsanarse "mediante la presentación de la oportuna querella criminal que cumpla con los requisitos legalmente exigidos", para lo cual Manos Limpias cuenta con un plazo de tres días.

Entre los miembros del consejo de la SEPI contra los que se dirigía la denuncia de Manos Limpias figuran tres secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía), así como la ex secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa Ana de la Cueva.

También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno.

La denuncia la presentó el secretario general de Manos Limpias -sindicato que ejerció la acusación popular en el caso Nóos-, Miguel Bernad, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional en el marco de la causa sobre Ausbanc.

El pasado 9 de marzo, el Gobierno dio luz verde al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.

Plus Ultra fue la segunda línea aérea, tras Air Europa, en recibir ayuda de este fondo, creado en julio de 2020 para dar apoyo a empresas estratégicas solventes y viables a las que la pandemia de la COVID-19 ha puesto en una situación difícil.