Los plataneros han denunciado ante la Comisión Europea la grave situación a la que se enfrenta el sector en Canarias ante la aprobación de la Ley de Cadena Alimentaria, -que obligará a los agricultores a vender siempre por encima de sus costes- y que para los productores del Archipiélago significará dejar de comercializar más del 30% de la cosecha anual, al no poder competir en precio con la banana. Tras recibir la negativa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a introducir ningún cambio en el articulado de la normativa, la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) se ha dirigido a Bruselas para que sea la propia Unión Europea (UE) la que dirima si el texto es contrario a la especial protección que deben tener las producciones agrícolas ubicadas en las Regiones Ultraperiféricas (RUP) como es el caso del plátano de Canarias.

El presidente de Asprocan, Domingo Martín, señaló este jueves 1 de julio que el sector se ha visto obligado a presentar esta denuncia después de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya “abandonado” al plátano de Canarias en favor de la banana. Martín señaló que el ministro de Agricultura, Luis Planas, “ha incumplido su palabra” ya que durante su visita a La Palma el pasado mes de mayo se comprometió “a buscar una solución para el plátano”, algo que finalmente el Ministerio ha descartado, según los productores.

La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que este jueves inicia en el Congreso de los Diputados su tramitación parlamentaria, busca introducir la variable de los costes de producción para fijar los precios de los productos agrícolas, estableciendo además la prohibición de vender por debajo de ellos. Un cambio legislativo con el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respondió a las demandas de las organizaciones profesionales agrarias de todo el país, que a principios de 2020 sacaron sus tractores a las calles para exigir unos precios justos por sus productos.

Sin embargo, los productores de plátano de Canarias llevan un año reclamando quedar excluidos de estos artículos de la ley. Consideran que la obligación de vender a un precio superior al del coste de producción les perjudica frente a su principal competidor en el mercado peninsular: la banana. Se trata de una fruta que se cultiva fuera de la Unión Europea, con una normativa más laxa y unos costes muy inferiores. En algunos momentos del año su gran importación produce una sobreoferta que obliga a los productores canarios a bajar sus precios y vender a pérdidas para poder mantenerse en el mercado.

Martín explicó que con la aprobación de esta ley el sector solo tiene dos salidas: aplicarla y dejar de comercializar “entre un 30 y 80% de la producción anual, lo que nos haría perder unos 100 millones de euros en ventas” o incumplirla y enfrentarse a multas millonarias que impedirían continuar con la actividad.

El gerente de Asprocan, Sergio Cáceres, insistió en que el sector trabaja desde hace meses para “trasladar al Gobierno de España la inquietud de los preceptos de regulación del precio mínimo”, apoyando su postura con informes económicos y jurídicos “que no han sido rebatidos por ninguna administración”.

Ante el inicio de la tramitación parlamentaria de la Ley de Cadena Alimentaria, Cáceres apunta que se abren dos escenarios: el primero es que se logre sacar adelante alguna de las dos enmiendas presentadas para tratar de modificar el articulado de la ley o bien que sea Bruselas la que especifique si la normativa incumple alguna de las directrices europeas respecto a las producciones agrícolas de las RUP.

Si la Comisión Europea considera que la Ley española es incompatible con alguna directriz comunitaria instará al Gobierno central a realizar una adaptación de la normativa y si esto no se lleva a cabo podrá elevar el caso al Tribunal Europeo de Justicia.