Gobierno, patronales y sindicatos han desencallado las negociaciones para cerrar el primer gran acuerdo en pensiones. Las partes están ultimando los últimos flecos de un acuerdo que plasme el consenso final al que han llegado y derogar ahora la principal herencia del PP en pensiones: el factor de sostenibilidad. Fuentes conocedoras de las negociaciones afirman que el lunes están citados a una reunión técnica para cerrar definitivamente el texto y poder remitirlo a un futuro Consejo de Ministros.

Tras los indultos a los presos catalanes, que van este martes, y el fin de la mascarilla en espacios exteriores y la rebaja en el recibo de la luz, que irán en un Consejo de Ministros extraordinario el jueves, la próxima cuestión de calado que sacará adelante el Ejecutivo será el primer gran acuerdo en pensiones. Las partes no descartan que pueda ir, en forma de anteproyecto de ley, al cónclave del mismo martes 29 de junio. Aunque dada la complejidad del texto normativo y alguna posible modificación que introduzcan las partes a última hora, su redactado puede demorar el pase hasta el primer martes de julio. «[El acuerdo] lo tenemos no cerrado, pero muy ultimado. […] Espero que la semana que viene lo podamos concretar», declaró el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ayer desde Santander.

Las negociaciones han sido un continuo toma y daca entre las partes, como momentos de alta tensión y el cartel de «inminente» desde hace más de un mes. No obstante, un enroque en las últimas semanas debido al rechazo del ministro José Luís Escrivá a derogar ya el factor de sostenibilidad del PP en este primer bloque de reformas ha demorado la entente. Pues CCOO y UGT trazaron aquí una línea roja y Escrivá pretendía dejar para el segundo bloque de reformas, tal como se comprometió ante Bruselas, esta cuestión. Esta fórmula, que pese a que la aprobó Mariano Rajoy no estaba previsto que entrara en vigor hasta el 2023, ligaba la cuantía de las prestaciones a la esperanza de vida de los pensionistas. «No se puede decir que está cerrado, pero estamos en los previos de poder decirlo», aseveró el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Todas las partes coincidían en que era una merma para el poder adquisitivo de los jubilados –la UE llegó a cifrarlo en más del 30%–, pero diferían en los tiempos. La desconfianza entre Ejecutivo y agentes sociales ha sido un escollo para el acuerdo, hasta el punto de que el consenso de suprimir ahora este componente de cálculo de las pensiones ya existía a principios de la semana pasada, según reconocen fuentes conocedoras.

El lunes está prevista una reunión técnica donde se deja por escrito ese consenso final. «La música suena bien, vamos a ver la letra como se concreta», afirmó al respecto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ayer en la asamblea general de la patronal.

La de las pensiones, junto con la del mercado laboral, son dos de los pilares del paquete de reformas que el Gobierno ha prometido a la Unión Europea. Y de los que dependen la recepción de las ayudas del fondo de recuperación en los dos próximos años, unos 18.000 millones en 2022 y unos 17.000 millones en 2023.

Otro punto en la agenda del Gobierno sobre el que se prevén novedades la semana que viene es la subida pendiente del salario mínimo interprofesional. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó una reunión entre ella y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para tratar de desencallar ese tema.

El SMI actualmente está en 950 euros y el ala del Ejecutivo partidaria de retomar las subidas vuelve a la carga con ello, apoyándose, entre otros, en los atltos niveles de inflación actuales.