El acuerdo pesquero de Senegal con la Unión Europea levanta ampollas en el país africano. Quienes critican el convenio aseguran que el expolio de su caladero obliga a los pescadores a emigrar, mientras que el Gobierno senegalés sostiene que solo el 6% de las capturas corresponden a la flota europea. 45 buques españoles, franceses y portugueses están autorizados para pescar 10.000 toneladas de atún en aguas senegalesas.
Cuando alguien alude en Senegal al acuerdo de pesca con la Unión Europea (UE) la polémica está servida. Los críticos aseguran que expolia las aguas senegalesas y deja sin peces y trabajo a los pescadores, forzándolos a migrar a Europa. Pero, según el último informe de la Dirección de Pescas Marítimas de Senegal, que recoge datos de 2018, las capturas de la UE en aguas senegalesas representan un 1,46% del total. El Gobierno senegalés cifró en 524.851 las toneladas producidas por la pesca marítima artesanal y la industrial (nacional y extranjera), representando la artesanal el 76% y la industrial el 24%, en la que un 6% (7.648 toneladas) era pesca de la flota de la UE.
Desde el primer acuerdo de pesca entre las partes en 1979 y hasta 2006, Senegal permitía a la UE capturar especies pelágicas pequeñas, lo que tenía «un enorme impacto para la pesca local», asegura Beatrice Gorez, coordinadora de la Coalición por unos Acuerdos Pesqueros Justos (CAPE, por sus siglas en francés). Pero en 2006 el acuerdo cesó hasta 2014, cuando se reactivó con otras condiciones, mantenidas hasta ahora con una renovación en noviembre de 2020 en la que se redujeron las cantidades que los barcos europeos podían faenar.
En la actualidad, el acuerdo entre la UE y Senegal permite a 45 barcos españoles, franceses y portugueses pescar en aguas senegalesas 10.000 toneladas de atún y 1.750 toneladas de merluza negra. «El atún no pertenece a Senegal. Es un pescado migratorio y en un momento está en las aguas de Senegal, por lo que los barcos que quieren pescarlo pagan el derecho de entrada» a sus costas, indica Gorez. Dentro de este acuerdo solo dos barcos no se dedican al atún, dos arrastreros españoles que capturan merluza negra y que representaron en 2018 el 0,2% (1.362 toneladas) del total, según el Gobierno senegalés.
A principios de 2020, el sector pesquero senegalés se movilizó al conocerse que el Gobierno podría conceder 52 licencias a barcos chinos. Meses después, las autoridades anunciaron que las habían rechazado, pero asociaciones de pescadores y organizaciones como Greenpeace criticaron la falta de transparencia y temen que esos y otros barcos, estén faenando en Senegal a través de sociedades mixtas, empresas cuyo 51% del capital está en manos senegalesas y por las que a los navíos extranjeros se les concede bandera del país africano. «La disminución del pescado se debe en parte a la presencia de barcos de origen extranjero, la mayoría bajo bandera senegalesa, pero también a la explosión del número de cayucos», advierte Beatrice Gorez.
Según Ndiaga Gueye, oficial principal de Pesca y Acuicultura de la Oficina Regional para África de la Organización de la ONU de la Alimentación y la Agricultura (FAO), hace 50 años podía haber 2.000 o 3.000 cayucos en Senegal, pero hoy ascenderían a unos 20.000. «En la presión que se ejerce sobre los stock de peces, los barcos extranjeros tienen una responsabilidad, ni siquiera es discutible, pero también hay una presión pesquera que es ejercida por la pesca tradicional», declara Gueye.
Ante las críticas, la embajadora de la UE en Senegal, Irene Mingasson, explica que «si no hay recursos no es porque los barcos europeos vengan a pescar aquí [Senegal]». «Hay un problema profundo de gestión de este recurso (pesquero) que debería ser objeto de un plan muy estructurado y de una reestructuración de la gestión del recurso y del sector. Y eso es responsabilidad del Gobierno de Senegal, incluyendo al conjunto de actores implicados», agrega Mingasson.
Según Aliou Ba, asesor de Greenpeace África, el barco de investigación oceánica del Gobierno senegalés lleva desde 2016 sin evaluar los recursos pesqueros del país por falta de financiación, lo que impide conocer las existencias reales en Senegal. Por su parte, Gaoussou Gueye, presidente de la Asociación por la Promoción y Responsabilidad de los Actores de la Pesca Artesanal Marítima (Aprapam, por sus siglas en francés), se pregunta: «¿Cómo podemos asignar licencias sobre stock del que no hemos hecho una evaluación precisa para saber qué hay disponible?». Tanto Ba como Gaoussou Gueye señalan el desconocimiento del número exacto de barcos industriales en aguas senegalesas, más allá de los 45 que faenan a través del acuerdo con la UE, y critican que el Gobierno de Senegal no publique una lista.
Según un estudio publicado en enero pasado por el Observatorio Senegalés de Migraciones, la gran mayoría de las personas arrestadas en Senegal entre septiembre y noviembre de 2020 al intentar migrar desde las costas de manera irregular eran pescadores. Eso no ocurrió en la crisis migratoria hacia las Islas Canarias en 2006, cuando «la presencia de pescadores era mínima», afirma Aly Tandian, presidente de este observatorio. «Cuando se quiere resolver un problema no hay que quedarse en el mismo nivel de reflexión que cuando se produjo», concluye el responsable de la FAO. «Hay que ir un poco más allá -remacha Ndiaga Gueye-, tratar de mirar serena y objetivamente dónde están los problemas e intentar atacarlos, lo que requiere muchas veces una valentía política muy importante».
