Las pequeñas y medianas empresas podrán recurrir a rescates de hasta 15 millones de euros y las empresas que no se cataloguen como pymes pero no puedan acceder tampoco al fondo de 10.000 millones para empresas estratégicas gestionado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), de hasta 25 millones. El Consejo de Ministros aprobó ayer el funcionamiento del fondo de recapitalización de empresas afectadas por el covid, cuya dotación inicial es de 1.000 millones de euros, y que está destinado a paliar las pérdidas de las empresas con un volumen de negocio consolidado de entre 15 y 400 millones, que son viables.

El fondo está previsto en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial aprobado el pasado mes de marzo por el que se movilizan un total de 11.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas, mediante subvenciones, reducción de costes y refuerzo de su capital.

El Gobierno central ha establecido los criterios de elegibilidad de las empresas, las reglas de funcionamiento de las ayudas y la liquidación del fondo, así como las competencias de la entidad gestora y las del comité técnico de inversiones. El Ministerio de Industria o Cofides, la sociedad pública que gestiona el fondo, deberán ponerlo en marcha en los 30 días siguientes a la autorización por parte de la Comisión Europea.

Este instrumento, destinado a compañías que no tienen suficiente dimensión para recurrir al fondo destinado a empresas estratégicas dotado con 10.000 millones, tiene como finalidad «fortalecer y recuperar la solvencia de empresas de mediano tamaño de cualquier sector con un importe neto de la cifra de negocios de entre 15 y 400 millones a nivel consolidado», según la nota oficial emitida por el Ministerio de Industria. Los aspirantes han de ser negocios que, siendo viables a medio y largo plazo, se están viendo afectados por los efectos de la pandemia en sus balances y en sus mercados.

Las operaciones financiadas con cargo al fondo tendrán un importe de entre cuatro y 25 millones de euros por beneficiario. Dicho intervalo será de entre tres y quince millones en el caso de las compañías catalogadas como pymes. Con cargo al fondo se prestará apoyo público temporal bajo criterios de rentabilidad, riesgo e impacto en desarrollo sostenible y se hará mediante instrumentos de capital e híbridos de capital y, en su caso, complementariamente, de deuda.

Las operaciones de apoyo público temporal podrán otorgarse hasta el próximo 31 de diciembre, o hasta la fecha posterior que pudiera disponer el marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de covid-19, y sus modificaciones posteriores.

Este fondo era el tercer componente del plan de ayudas aprobado en marzo . El Estado participará en los beneficios de las firmas y saldrá de las mismas en un máximo de ocho años.