En pleno debate sobre el supuesto incremento que el cambio de modelo de facturación propiciará en el recibo de la luz, cualquier abaratamiento que se produzca en el sistema eléctrico es bienvenido. El de Canarias –un subsistema en cada isla y uno más que comparten Lanzarote y Fuerteventura– gasta ahora 52 millones de euros más en el capítulo de renovables que en 2013. Es buena noticia porque cada megavatio de eólica o fotovoltaica cuesta, con un cálculo conservador, la mitad que otro gestado en las centrales de ciclo combinado. Eso sin contar el beneficio medioambiental.

Desde el 1 de enero, existen tres tramos horarios. Utilizar el horno, poner la lavadora o, simplemente, encender la luz teniéndolos en cuenta supone pagar más o menos. Las horas punta, las más caras, transcurren entre las 10.00 y las 14.00 horas, y las 18.00 y las 22.00; las llanas, entre las 8.00 y las 10.00 horas, las 14.00 y las 18.00, y las 22.00 y las 00.00, y las valle, las más baratas, de las 00.00 hasta las 8.00 horas y durante todo el día en domingos y festivos.

El Gobierno no tiene potestad para intervenir en un mercado libre como es el eléctrico. El precio del megavatio hora lo publica REE cada día pasadas las 20.00 horas. Se establece con las ofertas que hacen –para cada hora del día– las empresas generadoras y la cantidad que están dispuestas a pagar las comercializadoras. En el punto más bajo en que ambas coincidan será el precio del pool diario y todas las ofertas presentadas a uno inferior serán las que atiendan la demanda del día siguiente.

Este sistema tiene el envés perverso de que las empresas de generación que ya tienen amortizadas sus infraestructuras –nucleares e hidroeléctricas– pueden lanzar ofertas muy bajas para asegurarse estar dentro de las elegidas cada día. Además, percibirán ese precio de pool, muy superior al que ellas declararon estar dispuestas a cobrar.

Esos son los llamados beneficios caídos del cielo (windfall profit) a los que el Gobierno ha decidido poner freno, pero nunca interviniendo en la conformación libre del precio diario ni los seis intradía con los que se ajusta para atender la eventualidades que surjan. El anteproyecto para atajar esta retribución que no encaja en la realidad (sí en la legalidad) ya está en marcha y supondrá un recorte de mil millones de euros para las empresas afectadas, que ya han advertido –al menos las nucleares– de que sus activos, en contra de lo que afirma el ministerio, no están totalmente amortizados.

Y si en nada de esto puede intervenir el Ejecutivo, ¿dónde sí puede hacerlo? El precio del mercado minorista es solo el 45% de la tarifa final, el resto lo integran los impuestos, por un lado, y los peajes y cargos, por otro. Entre estos últimos, se cuentan la retribución a las renovables (Recore), el pago anual del 50% de la deuda que se generó en el sistema eléctrico –la otra mitad se aborda con los presupuestos estatales– o el sobrecoste que supone generar la energía en los territorios no peninsulares, Canarias entre ellos.

De ahí la importancia de que en el Archipiélago se abarate el capítulo de la generación. Lo que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica es concentrar con mayor intensidad esos cargos en las horas punta. En 2013, las fuentes limpias solo facturaron el 3,84% del coste de generación en Canarias. En 2019, último no afectado por la distorsión en el consumo que provocó la pandemia por coronavirus, ya era el 7,57%.

Los datos están en consonancia con el avance que la potencia eólica y fotovoltaica registran en el Archipiélago en los últimos años. En 2013 se despacharon 8.625 gigavatios hora en las Islas, solo 662 de ellos –el 7,7%– no tuvieron origen fósil.

Seis años después ya se había producido el avance propiciado por la adjudicación de potencia que estaba obligada a entrar en funcionamiento antes del último día de 2018. En consecuencia, el peso de las renovables en la atención de la demanda (8.875 gigavatios hora) se disparó hasta el 16,4% para una generación total de 1.455 gigavatios hora.

Mientras se abarata en todo aquello cuanto se pueda, la ministra Teresa Ribera asegura que la nueva factura se ha ideado precisamente para que los ciudadanos paguen menos, y cifra esa rebaja en el entorno del 13% durante los cinco próximos años.

El presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Rafael Martell, entiende la nueva modalidad de facturación como una manera de trasladar a los ciudadanos la importancia que tiene su implicación para mejorar la eficiencia energética. Según eso, el Gobierno estaría desplazando el consumo a las horas y días en que menos se da en la actualidad, como pueden ser los domingos.

Además, esta nueva facturación también invita al autoconsumo, otro de los pilares sobre los que se basan los planes para sumar en la entrada de renovables al sistema eléctrico. En este caso, para quienes dispongan de rentas que les permitan la instalación de paneles fotovoltaicos en sus casas.

Si el espíritu del cambio persigue cotas más elevadas, ¿qué falla entonces? «El momento no ha sido bueno», explica Martell. El precio del pool está muy alto –la llegada del calor a la Península ha disparado la demanda–, como también el de los derechos de emisión de CO2, con perspectiva de seguir subiendo y aumentando su repercusión en la estructura de costes de las eléctricas que vierten gases nocivos a la atmósfera.

Además, aunque se produzca el abaratamiento que prevé la ministra en el próximo lustro, la crisis por el coronavirus no deja espacio a subidas de precios. La otra vía que resta es rebajar la carga fiscal, pero, al menos de momento, de eso no habla el Gobierno.