Entre los múltiples y variados componentes de la factura de la luz destaca la deuda eléctrica, contraída por el Estado con las compañías que cada año amortizan los usuarios a través de la factura. Pero todavía queda por pagar 14.294 millones de euros, un 13,9% menos que en 2019. Por tanto, de media, a cada usuario de los 29 millones de clientes que hay en España le corresponde pagar casi 500 euros (aunque la cantidad real que paga cada usuario depende de varios factores) de aquí al año 2028, cuando se salde la deuda, según las estimaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). 

Esta 'hipoteca eléctrica' se generó por la acumulación de déficits del sistema eléctrico durante más de una década. Lo que los usuarios pagaban con sus recibos de la luz no fue suficiente para cubrir los costes del sistema eléctrico desde el año 2000. La deuda fue engordando hasta el año 2013 cuando llegó a sumar 28.700 millones de euros. Entonces, se llevó a cabo una reforma en el sector eléctrico que supuso que, después de 14 años consecutivos de generación de déficit, 2014 fuese el primer ejercicio en el que hubiese un superávit (550,3 millones de euros). Esta situación se repitió durante 2015, 2016, 2017 y 2018, si bien cada año en menor cuantía.

En un primer momento, los consumidores debían esa cantidad a las compañías eléctricas, que fueron quienes asumieron el desequilibrio en sus cuentas, pero posteriormente se titularizó y se colocó en los mercados financieros. Así, las eléctricas cedieron sus derechos de cobro a fondos de inversión y a los bancos que reciben ahora lo que se paga en el recibo. 

Su sitio en la factura

Cada año, la factura de la luz incluye como costes regulados parte de esa deuda. En concreto, este año los usuarios deben hacer frente a 2.464,5 millones euros, a razón de unos 85 euros por cliente, de los cuales 352,6 millones de euros corresponden a intereses.

Los costes regulados suponen en total alrededor de unos 17.000 millones de euros al año. Además del déficit, se incluyen los costes de las redes de transporte (1.700 millones) y distribución (5.200 millones), las primas por las renovables (RECORE) que ascienden a 6.300 millones de euros y la retribución específica por la producción extrapeninsular (641 millones de euros). 

Dentro de ocho años se prevé que el componente del déficit desaparezca, aunque antes se supone que lo harán los 6.300 millones (un importe decreciente a medida que las renovables alcancen el final de su vida útil) que se pagan en el recibo de las primas a las renovables. Una cantidad que el Gobierno pretende primero reducir en menos de 1.000 millones, al destinar la mayor parte de los dividendos de CO2 de nucleares e hidroeléctricas a este concepto, y después eliminar en un plazo de cinco años con la creación de un fondo para que todas las energéticas, petroleras, gasistas y eléctricas, hagan frente a esa cantidad. 

Las nuevas tarifas

Los ingresos del sistema eléctrico están principalmente formados por los peajes y los cargos que vienen a cubrir esos costes regulados. Los peajes y los cargos tienen un precio regulado que modifica tanto el término de potencia como el de energía de la factura. Así, Gobierno y CNMC han modificado este precio al establecer diferencias según la hora del día en lo que se conoce como las nuevas tarifas que entraron en vigor el martes pasado.

Son los nuevos periodos horarios que distinguen en el caso de la energía entre 'punta', 'llano' y 'valle'. En el periodo 'punta' (entre las 10.00 y las 14.00 horas y las 18.00 y 22.00 horas) el coste de los peajes y los cargos es más alto; en el tramo 'llano' (entre las 08.00 y las 10.00 horas, las 14.00 y las 18.00 horas y entre las 22.00 y 00.00 horas) el coste es intermedio, y en la tarifa 'valle', entre la medianoche y las ocho de la mañana y durante todo el fin de semana y festivos, este coste es más bajo. Similar a lo que ocurre en el caso de la potencia, con dos periodos, uno 'punta' (de 08.00 horas a 24.00 horas entre semanas) y otro 'valle' (entre las 00.00 horas y las 07.00 horas entre semana y el fin de semana). 

El desequilibrio está de vuelta

En 2019, el sistema eléctrico registró de nuevo un déficit de 527,7 millones de euros y en 2020 se situará en la misma línea. Esta diferencia no engrosará la deuda, sino que se absorberá con parte del superávit acumulado en los años de bonanza eléctrica (de 2014 a 2018) gracias a una 'hucha' que asciende a 1.000 millones de euros. 

El superávit acumulado realmente es de 1.687,5 millones de euros, pero hay que eliminar de esta cuantía los 650 millones de euros utilizados en procesos judiciales e inversiones renovables. La ley del sector eléctrico prohíbe destinar los excedentes acumulados a cubrir el déficit que se produzca cada año y solo permite utilizarlo para amortizar la deuda. Pero, el Gobierno modificó esta ley en junio de 2020 para destinar el remanente a esos déficits.