El acuerdo en los ERTE deja vía libre al primer pacto sobre las pensiones

«Es una magnifica noticia la renovación de los ertes. [...] Un acicate para culminar el acuerdo de pensiones», escribió el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en su cuenta de Twitter la tarde del pasado miércoles, cuando se cerró el acuerdo para la quinta prórroga de los denominados ERTE covid. Diversas fuentes conocedoras de las conversaciones explican que el toma y daca entre Escrivá y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, iba más allá de las exoneraciones para las empresas con un expediente temporal. Y que en el enroque de las negociaciones influía el contenido discutido en otras mesas: las pensiones.

«Tenemos ya un acuerdo programático de los elementos y ahora estamos intercambiando el texto legal», dijo Escrivá en tv3. «Es cuestión de días», insistió un día antes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario tras aprobar la prórroga de los ERTE. No obstante, hay todavía cuestiones que no están cerradas en el texto normativo.

Y la CEOE se siente demasiado presionada en los últimos días, pues todavía hay puntos del pacto que no ve con buenos ojos, entre otros, la propuesta del ministro para endurecer los coeficientes reductores sobre las prejubilaciones de aquellas personas con salarios altos y que podrían optar a la pensión máxima. Que podría recortar el importe de esa pensión del tope actual de 2.707,49 euros, hasta los 2.139 euros, dependiendo de la anticipación en el retiro.

Este punto tampoco entusiasma a las centrales, que al final representan a trabajadores con altos salarios y que, en caso de prejubilación se verían directamente afectados por la misma.

La entrada en vigor de dichas penalizaciones es otro quid importante que tampoco está del todo cerrado. Escrivá quiere ya que arranque a partir del 2022 y los agentes sociales coinciden en modular su aplicación destopando las pensiones máximas. Este punto todavía debe plasmarse en un texto de común acuerdo.

Cláusula de salvaguarda

Esa reforma de las penalizaciones podría afectar directamente a los procesos de despido colectivo que se anticipan para los próximos meses, tras el final de los ERTE y sumados a las reestructuraciones que varias grandes empresas, desde la banca, pasando por el gran comercio, las telecomunicaciones o la industria, ya están aplicando. Con el fin de minimizar esos daños, el acuerdo incluye una renovación de la cláusua de salvaguarda para la presente crisis.

Esta medida ya se puso en marcha en el 2013, para la anterior crisis, y permite a los trabajadores víctimas de un ere escoger la legislación previa a la reforma del Partito Popular y, por ende, ser menos penalizados en sus pensiones.

Autónomos, becarios y otros

El acuerdo incluye más de un aquincena de puntos, algunos ya cerrados, como el referente a los becarios, y otros por acabar de concretar. La reforma de la cotización para los autónomos es de estos segundos. La entrada en vigor del mismo sería mucho más progresivo y no acabaría de consolidarse hasta el 2032. Algo que no gusta a las organizaciones de autónomos vinculadas a los sindicatos, como Upta (a UGT) y Uatae (a CCOO), que abogan por una implementación más inmediata. Lo que no gusta a ATA (asociada a CEOE) es el importe final de las nuevas cuotas, que irían de 90 euros a 1.220 euros al mes; según los rendimientos.

El formato legislativo de todas estas medidas también es una cuestión por cerrar, aunque fuentes conocedoras indican que la opción con más visos es que sea como proyecto de ley.