La economía española se recuperará a partir del segundo semestre del 2021 pero para que la recuperación sea «duradera e inclusiva» será necesario mejorar la calidad del empleo, la formación de los parados, progresar en las competencias digitales y afrontar los desafíos fiscales con una reforma de las pensiones que garantice su sostenibilidad. Estas son algunas conclusiones del informe Estudio económico de España, 2021 que ayer publicó la organización de países desarrollados OCDE, presentado por su secretario general, Ángel Gurría, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
Pensiones y reforma laboral
Entre sus recomendaciones para abordar los retos futuros, la OCDE aconseja a España abordar «medidas adecuadas y socialmente aceptadas» encaminadas a garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones que, entre otras cuestiones, según el organismo, deberían alargar la edad legal de jubilación (más allá de los 67 años que se alcanzarán en el 2027) a medida que aumente la esperanza de vida en el momento de la salida el mercado laboral.
También se aconseja desincentivar la jubilación anticipada por la vía de ampliar el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra (35 años en la actualidad). Ninguna de estas dos cuestiones figura –al menos de forma explícita– en los planes avanzados por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para la reforma en marcha del actual sistema de pensiones.
Tampoco figura en los planes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, otra de las recomendaciones de la OCDE en materia laboral que aconseja mantener la prevalencia de los convenios colectivos de empresa sobre los sectoriales o territoriales para «mantener un mercado flexible que permita a las empresas adaptarse rápidamente a las cambiantes condiciones económicas».
La vicepresidenta Calviño aseguró que en la reforma laboral comprometida con la Comisión Europea se tendrán en cuenta las consideraciones de la OCDE y de otros organismos para construir «el mejor marco laboral posible» y que la recuperación económica sea rica «en creación de empleo y de calidad».
Incentivar la vuelta al trabajo
En relación a los ERTE, el informe de la OCDE conecta con el propósito de Escrivá de redirigir los incentivos a favor del regreso gradual al trabajo, con mayores exenciones para los empleados readmitidos que para los que permanecen en regulación de empleo. «Esta orientación de los ertes debería continuar», sostiene el informe. Además el texto apunta en una nueva dirección: «La capacidad de mantener beneficios [exoneración parcial de cotizaciones] al aceptar un trabajo en otra empresa también podrían introducirse para allanar el camino para una potencial reasignación [de empleo], si es necesario».
Calviño se mostró receptiva a incorporar en el futuro mecanismo permanente de ERTE elementos como el sugerido por la OCDE «para favorecer el cambio de sectores o de empresas» de trabajadores en puestos de difícil continuidad.
Previsión al alza
El documento presentado por la OCDE también pone el acento en la circunstancia de que mantener la prohibición de despedir durante al menos seis meses después de acceder a los ERTE incentivados podría representar una amenaza añadida para aquellas empresas consideradas vulnerables, «dado que la prolongación de la crisis supone un aumento de los riesgos de insolvencia».
El informe reconoce que la economía española ha sido especialmente castigada por la pandemia debido a su dependencia del turismo, la elevada prevalencia de pequeñas y medianas empresas y el uso generalizado de contratos temporales.
La OCDE estima que la recuperación en España se producirá a partir del segundo semestre de este año y, aunque la incertidumbre aún es muy elevada, ha mejorado sus previsiones de crecimiento hasta el 5,9% para el 2021 y el 6,3% para el 2022 (frente a a las tasas previas del 5,7% y del 4,8%) como consecuencia de la aceleración del proceso de vacunación y el despliegue del Plan de Recuperación, con fondos europeos.
