El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha planteado a los sindicatos su primera propuesta para atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración. Su planteamiento es que, para evitar el estancamiento de la eventualidad, cualquier interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Así consta en un borrador al que ha tenido acceso este periódico y que ha generado malestar entre las centrales. Esta primera propuesta excluye a los eventuales que ya estén ocupando una plaza y no incluye ningún derecho a indemnización para los hipotéticos futuros cesados. El ministerio, a preguntas de este medio, no ha querido realizar comentarios sobre este primer borrador.

En España hay actualmente, según los últimos datos del INE, un total de 1,03 millones de trabajadores del sector público con un contrato temporal. Son el 30,4% del total de asalariados del sector público. El Gobierno ha prometido a Bruselas que parte de las reformas que acometerá y que acompañarán el despliegue de los fondos europeos irán destinadas a atajar esa elevada temporalidad. Una práctica ya condenada por instancias europeas y calificada de abuso. Su primer movimiento está enfocado a no generar nuevos interinajes que acaben en abuso.

Negociaciones abiertas

Las negociaciones con las centrales ya han empezado, siguiendo el plazo que el propio ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se marcó: la última semana de mayo. La primera carta está en el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Iceta plantea reformularlo para obligar a las administraciones a cumplir con las ofertas públicas de empleo. Y, «de no cumplirse lo anterior, transcurridos tres años desde el nombramiento se producirá el cese del funcionario interino, sin que pueda cubrirse esa vacante en el plazo de un año», según el borrador al que ha tenido acceso este medio.

Iceta lo que plantea a los sindicatos es cortar la continuidad de las nuevas carreras de interinidad y evitar que una persona entre como eventual y se perpetúe en el puesto. Y, a su vez, que una vez superados esos tres años, esa misma persona u otra que viniera a desempeñar las mismas funciones volviera a ocupar esa misma plaza. Pues ello ha sido avalado por el Tribunal de Justicia de la UE como una prueba de abuso de la temporalidad.

De ahí ese año de vacante forzada, que servirá de penalización para las administraciones implicadas, pero también para sus plantillas. Pues durante ese plazo deberán repartir la carga de trabajo que antes cubría ese compañero interino entre los trabajadores ya existentes. Las que actualmente tienen las cotas de interinidad más elevadas son las comunidades autónomas, responsables de servicios como la sanidad o la enseñanza. Según cálculos realizados por el Ejecutivo nacional, el 36,7% de los empleados públicos que trabajan para las autonomías son temporales. En el caso de las universidades, este porcentaje se eleva hasta el 44,7%.

Exigir responsabilidades

El primer borrador de reforma también responsabiliza directamente a «los titulares de los órganos de personal» encargados de los procesos de selección de cualquier abuso de la eventualidad que se produjera en su departamento. Si no convocan las ofertas de empleo públicas a tiempo y velan porque estas se llenen con candidatos aptos, les podrán exigir «responsabilidades» por cualquier «actuación irregular», según explícita el texto. Que, no obstante, no concreta que tipo de responsabilidades y consecuencias serían.

Esta reforma también busca cubrirse ante futuras denuncias por parte de interinos que acaben en abuso, una situación que ya está generando conflictos entre la administración y los afectados.

En Canarias la suma de interinos y temporales que trabajan para la Comunidad Autónoma son unos 25.000 entre Educación, Sanidad y Administración General. En este último caso son más de 3.000 trabajadores que llevan protagonizando un conflicto laboral desde finales del año 2020. Un conflicto que todavía está pendiente de la firma de un acuerdo con el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres, que se paralizó hace más de dos semanas, pendiente de un informe jurídico según el Gobierno, o por un tirón de orejas de Madrid, tal y como están convencidos los sindicatos.

Para Manuel González de Sepca el borrador que Iceta ha planteado a los sindicatos solo es «una huida hacia delante», ya que «no se moja» respecto a la solución para aquellos trabajadores que ya se encuentran en una situación de abuso de temporalidad. «Si vas a establecer una medida para frenar el abuso tienes que regular en esa línea, pero también poner una solución para los que ya la sufren», concreta.

Además, insiste en que la fórmula propuesta por el ministro, –que impedirá a las administraciones ocupar durante un año la vacante de un interino que haya estado tres años en el puesto si no se ha ofertado la plaza–, es «un castigo» no solo para estos trabajadores que «no tienen la culpa», sino también para la ciudadanía que verá empeorado el servicio que prestan estos organismos ante la falta de personal.

González tacha el borrador de «poco valiente», ya que «no precisa sanción para el responsable que permita esta situación y lo deja en manos de las comunidades autónomas» y tampoco incluye ningún mecanismo de reparación para los que ya están afectados por este abuso de temporalidad.

Rafael Rodríguez (Intersindical) también critica que Iceta haya dejado aparcada la solución para los que se encuentran ya en esta situación, aunque considera que esta omisión solo puede significar que «las comunidades autónomas tiene que tener capacidad para gestionar este problema», algo que a su juicio solo puede pasar por «la permanencia de estas personas», ya que el conflicto se ha generado «por desidia de la propia administración».

Sin embargo, sí se muestra de acuerdo en que se debe impedir que nuevos trabajadores temporales puedan pasarse décadas en su puesto sin llegar nunca a ser fijos para la administración. «Hay que hacer hincapié en que haya una responsabilidad directa de aquellas personas que lo permitan y establecer sanciones», concreta, algo que lamenta no está incluido en este borrador. «No está mal cualquier regulación que evite la acumulación de temporalidad en el futuro», para establecer un antes y un después, pero insiste en que es determinante «dar solución al conflicto actual», para el que Iceta se ha puesto de perfil.