La reunión en La Palma entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los productores de plátano de Canarias abrió este viernes 14 de mayo una nueva vía para salvar la actividad en las Islas. Recurrir a Bruselas para que sea la Unión Europea (UE) la que se encargue de excluir al sector de las Islas del cumplimiento de la directriz europea que se aplica en la Ley de Cadena Alimentaria, –que obligará a los productores a vender siempre por encima de sus costes–, al tratarse de una producción singular de una Región Ultraperiférica (RUP).

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, explicó que ante la feroz competencia que experimenta el plátano frente a la banana, –producida en países sudamericanos con menores costes y garantías–, se debe recurrir a la condición de Canarias como RUP para proteger esa producción local. Por lo que se ha planteado que ante la petición que ha hecho de forma unánime el sector para quedar excluido de aquellos artículos que hacen referencia a la prohibición de vender a pérdidas, –que además ha sido apoyada por el Parlamento regional y los cabildos–, «sea dentro de la Unión Europea donde podamos llevar la singularidad de este producto».

«Esta es una nueva puerta que se ha abierto», aseguró Domingo Martín, presidente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), aunque advierte que todavía es «un esbozo». «Existen una serie de normas que obligan a otras regiones de las que Canarias está exceptuada», explica, por lo que Bruselas podría permitir esa excepcionalidad, que Martín señala no sería solo para el plátano, sino para todos los sectores del Archipiélago.

El Gobierno central aprobó en noviembre de 2020 el proyecto para modificar la Ley de Cadena Alimentaria. El Ejecutivo de Pedro Sánchez respondía así a la demanda de los agricultores y ganaderos que justo antes de la llegada de la pandemia se habían lanzado a la calle para exigir unos precios justos por sus productos. El cambio en la normativa estatal venía también a dar cumplimiento a la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo, que prohíbe prácticas comerciales desleales dentro de la cadena alimentaria. A pesar de que esta directiva no se refiere de forma expresa a la venta a pérdidas, este concepto sí ha sido incluido en varios artículos de la ley española, como respuesta a la petición de las organizaciones profesionales agrarias.

Sin embargo, los productores de plátano de Canarias llevan un año reclamando quedar excluidos de estos artículos de la ley. Consideran que la obligación de vender a un precio superior al del coste de producción les perjudica frente a su principal competidor en el mercado peninsular: la banana. Se trata de una fruta que se cultiva fuera de la Unión Europea, con una normativa más laxa y unos costes muy inferiores. En algunos momentos del año su gran importación produce una sobreoferta que obliga a los productores canarios a bajar sus precios y vender a pérdidas para poder mantenerse en el mercado. Aseguran que con la modificación de la ley ya no podrán utilizar este mecanismo y no les quedará más alternativa que dejar de comercializar una parte muy importante de la producción, que ellos estiman en torno al 30% del total, un porcentaje que se traduce en unos 100 millones de kilos al año.

Los representantes de Asprocan se encargaron de trasladarle este viernes al ministro toda la problemática que puede acarréales esta normativa. «Seguimos repitiendo lo que venimos diciendo desde hace más de un año, la ley no se adapta a la comercialización del plátano de Canarias y continuamos pidiendo la excepción», recalcó Martín. Aunque valoró que parece existir voluntad para encontrar una solución «jurídica y técnicamente posible», lo cierto es que ayer el ministro, Luis Planas, no hizo referencia a la posibilidad de eximir a la producción canaria de la normativa e insistió en «buscar fórmulas a través de las enmiendas para acomodar a este sector», para que la Ley de Cadena Alimentaria «no excluya a ningún sector, tampoco al plátano de Canarias».

Según aseguró Martín, durante la reunión se deslizó que jurídicamente no es posible exceptuar al plátano de Canarias del cumplimiento de esta norma, algo que él considera solo «una versión» y reiteró que el sector sigue demandando una solución fuera del articulado de la ley.

La alternativa por la que apuesta el Ministerio es introducir a través de una enmienda cambios en la redacción del articulado. Una opción que también cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias. La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, aseguró ayer que este es un conflicto que puede solucionarse por varias vías. «Desde Canarias decimos o se excepciona al plátano o se aclara el artículo, necesitamos una de las dos cosas para solucionar el problema del sector», manifestó ante los micrófonos de Cope Canarias.

La aclaración de ese articulado en la que se está trabajando tendría el objetivo de clarificar que la prohibición de vender a pérdidas se refiera solo al cómputo global del año y no a operaciones concretas. «Así habrá momentos que ganas y otros que pierdes pero el resultado global es positivo, es lo que pasa en el plátano, seguimos teniendo cultivos porque la actividad sigue siendo rentable», señaló Vanoostende.

Sin embargo, el presidente de Asprocan recalcó que este mecanismo «no sería práctico» ya que dificultaría mucho la gestión de los operadores, que tendrían que estar siempre calculando con la incertidumbre de saber si cumplirán o no al final del año. Por eso, insistió en que el sector seguirá batallando para conseguir quedar al margen de esta ley.