El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se mostró ayer «dispuesto a escuchar» las demandas y preocupaciones del sector platanero de Canarias respecto a cómo puede afectarle la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que les obligará a vender siempre a un precio superior a los costes de producción. Planas, –que se encuentra de visita en las Islas–, recalcó que la normativa tiene «instrumentos de flexibilidad» que permiten su aplicación en todos los sectores. «Ellos dicen que necesitan vender a pérdidas», por lo que se mostró abierto a analizar estas situaciones y a buscar una solución «de una forma o de otra», pero advirtió que «en una economía de mercado no se puede vender sistemáticamente a perdidas, sino el sector se va a la quiebra».  

La reforma de la Ley de Cadena Alimentaria, que se tramita en estos momentos en Madrid, busca introducir la variable de los costes de producción para fijar los precios de los productos agrícolas, estableciendo además la prohibición de vender por debajo de ellos. Un cambio legislativo con el que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación respondió a las demandas de las organizaciones profesionales agrarias de todo el país, que a principios de 2020 sacaron sus tractores a las calles para exigir unos precios justos por sus productos.

El ministro reiteró ayer que la norma responde a una “ petición de agricultores y ganaderos” que quieren ver “justamente retribuido su trabajo”. Por lo que afirmó que es «un poco chocante» que una ley que pretende proteger «al eslabón más débil de la cadena agroalimentaria» se encuentre con esta oposición.

Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, –que acompañó ayer al ministro–, también defendió la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria calificándola como un asunto de «justicia social», ya que el agricultor podrá saber que «su recompensa será justa porque al menos recibirá aquello que le cuesta su trabajo y su sudor».

Después de su visita de ayer a Tenerife, Planas se trasladará hoy a La Palma para conocer el sector platanero de las Islas y reunirse con la Asociación de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), que no dejará pasar la oportunidad para trasladarle una vez más sus reivindicaciones respecto a este asunto.

Los plataneros de Canarias llevan un año reclamando ser excluidos de los artículos de la Ley de Cadena Alimentaria que consideran perjudiciales para el sector, en concreto, aquellos que pretenden fijar un precio mínimo a las producciones, ajustado a los costes de las explotaciones. Asprocan advierte que, si el plátano no queda al margen de esta normativa, entre el 25% y el 30% de la producción, –la más importante para el sector agrícola de las Islas–, podría quedarse sin vender cada año, ya que mantienen que no encontrarían compradores dispuestos a pagar ese precio mínimo fijado por la norma.

Comercialización

Por lo que, los productores aseguran que se verían obligados a dejar de comercializar miles de kilos, –unos 100 millones al año–, o a incumplir la norma para darles salida en el mercado y temen que a la larga esta normativa pueda suponer la desaparición del sector en Canarias.

Los plataneros también consideran que si quedan incluidos en la norma se produciría una pérdida de competitividad frente a la banana de países sudamericanos, que se cultiva en unas condiciones económicas y sociales muy diferentes a las del Archipiélago y sin estar sujeta a la estricta normativa de la Unión Europea (UE), lo que les permite llegar al mercado a precios muy reducidos.

El sector quiere que la producción del Archipiélago quede exceptuada de parte del articulado de esta ley, con la introducción de una enmienda que permita vender a pérdidas esta fruta cultivada en Canarias. Han insistido en que se trata de una excepción permitida por Bruselas, ya que la UE reconoce la posibilidad de que reciba un tratamiento diferenciado, al ser una producción de una Región Ultraperiférica (RUP). Además, insisten en que si se quedan al margen no afectará a ninguna otra producción del país, ya que el Archipiélago es el único lugar donde se cultiva.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no concretó ayer la fórmula que se podría seguir para buscar una solución a este conflicto, pero sí resaltó que la propia norma cuenta ya con «instrumentos de flexibilización, que permiten la aplicación de la ley, que debe perseguir un apoyo al sector primario pero que, evidentemente, tiene que aplicarse». Aún así aseguró estar dispuesto a hablar con el sector para tratar de encontrar una solución.

Lo que sí anunció ayer el ministro es que el Gobierno central garantiza que el Archipiélago mantendrá para el periodo 2023-2027 la misma ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei). De esta manera, las Islas recibirán 268 millones de euros de euros de este fondo, cuando desde la Unión Europea se había aprobado en junio reducirlo un 3,9%, es decir, en unos 10 millones. Planas explicó en los micrófonos de Radio Club Tenerife que el Ejecutivo central negociará con la Comisión Europea para que finalmente mantenga este nivel de financiación y si no se logra este acuerdo será el Estado el que aportará a Canarias, con cargo a los presupuestos españoles, la cantidad que Bruselas deje de pagar.

Cuota adicional de patudo

La flota canaria, con 756 barcos, es la tercera más importante del país, solo por detrás de Galicia y Andalucía. La pesca de túnidos es uno de sus recursos más importantes y el aumento de las cuotas una de las demandas recurrentes del sector. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció ayer en Tenerife que España defenderá ante la Comisión Internacional para la conservación del Atún Atlántico (ICCAT) el reconocimiento de la realidad canaria y propondrá que se establezcan, para el patudo, cantidades adicionales específicas para el sector artesanal canario. Planas recalcó que España logró un incremento de la cuota de atún blanco del 12,5% para tres años, situándola en 18.065 toneladas anuales. Además, manifestó estar dispuesto a realizar una depuración del censo de barcos para poder repartir mejor las cuotas.

Pérdidas en la flor cortada

El sector de la flor cortada y las plantas ornamentales ha sido uno de los más afectados por la pandemia, ya que al completo cierre de los establecimientos durante el confinamiento en 2020 se unió después la caída de las ventas generada por la crisis económica que ha provocado el coronavirus en el Archipiélago. La actividad, que emplea en las Islas a 1.800 personas, perdió unos diez millones de euros solo durante los primeros meses de la pandemia. El titular de la cartera de Agricultura, Luis Planas, visitó ayer la explotación Garden Lycaste, un orquidiario ubicado en Valle Guerra, en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, para conocer la realidad de la actividad en las Islas. El ministro recordó que Canarias se benefició con un millón de euros de las ayudas que el Estado ofreció al sector para hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la crisis.

Diez proyectos en estudio

La sequía y la esquilmada situación de los acuíferos insulares han convertido al agua y los proyectos para tratar de garantizar el regadío en el campo canario en uno de los principales retos a los que se enfrenta la agricultura en Canarias. Un déficit que llevó a las Islas a plantearse declarar la emergencia hídrica poco antes de la irrupción de la pandemia, aunque finalmente Fuerteventura fue la única en declararla alerta por sequía. Este problema también ha estado en la agenda del ministro Luis Planas durante su viaje a las Islas. De hecho, hoy visitará la balsa del Vicario en La Palma. El responsable estatal manifestó ayer que el Ministerio que dirige está analizando diez propuestas que el Gobierno de Canarias ha trasladado a su departamento para mejorar el regadío en el Archipiélago a través de los fondos enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 573 millones para toda España.

Problemas de comercialización

Los productores de vino en Canarias se han enfrentado en el último año a problemas de comercialización, sobre todo aquellas bodegas que han enfocado su comercialización a través del canal Horeca, centrado en hoteles y restaurantes. La paralización del turismo y las restricciones que han sufrido los establecimientos de restauración han acabado por afectar de forma indirecta a esta producción de las Islas. La menor demanda provocó el año pasado que las bodegas adquirieran menos uvas de lo habitual ante la incertidumbre económica. El ministro Luis Planas se acercó ayer también a la situación de esta actividad con una visita a Bodegas Linaje del Pago, en el municipio tinerfeño de El Sauzal. El titular de la cartera de Agricultura destacó las 6.000 hectáreas dedicadas al cultivo de la viña en el Archipiélago y sus once denominaciones de origen elaboradas con variedades de uva «interesantes y diversas».