Partidos políticos y empresarios descartan la posibilidad de que en el futuro cercano se implante en Canarias un impuesto para compensar las emisiones de gases nocivos de los aviones. También critican que el Gobierno central olvide de manera sistemática las especificidades de las Islas en leyes y documentos. El Ejecutivo autonómico ya ha anunciado que exigirá a Madrid la exención para esa tasa que gravará el transporte aéreo y que ha incluido en el paquete de compromisos adquiridos con Bruselas a cambio de los fondos europeos para la recuperación económica y social.
«Está clarísimo que no se puede ni hablar de algo así para el Archipiélago en un momento en el que se trata de recuperar la conectividad aérea». Así lo aseguró ayer Casimiro Curbelo, presidente de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), una de las cuatro patas sobre las que se asienta el Gobierno regional de Ángel Víctor Torres.
Hace quince meses, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya aseguró por carta al presidente canario que ese impuesto medioambiental no afectará a Canarias. La oposición se preguntaba ayer por qué entonces no se recoge esa intención en cuantos documentos aluden al asunto.
Australia Navarro, presidenta del PP en las Islas, da una respuesta: «Porque para Pedro Sánchez Canarias no existe, no conoce el estatuto ni el REF, y quien tiene que insistirle con ello, el presidente Torres, solo se coloca para la foto y calla». Para la también portavoz de los populares en el Parlamento autonómico, el Archipiélago «ha dejado de ser cuestión de Estado; con el PP sí lo era».
Encontronazos
En la historia reciente, los encontronazos por acción u omisión entre los gobiernos regional y central se han sucedido. La relación solo ha estado plenamente engrasada cuando la aritmética parlamentaria quiso que los dos votos nacionalistas canarios –uno de CC y otro de NC– fueran esenciales para que el segundo Gobierno de Mariano Rajoy se sostuviera.
Un ejemplo. Tras llegar a La Moncloa el propio Rajoy tras ganar en las elecciones de 2011, su Ejecutivo suspendió de manera unilateral el convenio de carreteras con Canarias que estaba en vigor. Los tribunales obligaron después al Estado a devolver a las Islas los casi mil millones de euros que dejó de pagar, y solo cuando los votos de CC y NC eran esenciales se llegó a un acuerdo para abonar la deuda. Cuando las siguientes elecciones dibujaron un arco parlamentario diferente, regresaron los desencuentros y las resistencias para devolver el dinero.
La portavoz del Grupo Mixto –Ciudadanos (Cs)– en la Cámara regional, Vidina Espino, criticó que el Gobierno central «siempre obvie las especificidades de una región ultraperiférica como Canaria en cuantas leyes y documentos impulsa». Además, Espino advirtió de que estos «olvidos traen después dificultades siempre, cuando se podría haber hecho bien desde el principio».
También Casimiro Curbelo advirtió de que retornar al camino de la legalidad que marcan leyes como el Estatuto de Canarias o el REF no es sencillo. «Cada vez que no se recoge una excepcionalidad, después cuesta una batalla que la introduzcan”, afirmó. Esa misma ausencia es la que llevó el jueves al secretario general de CC, Fernando Clavijo, a calificar la nueva omisión como «una pésima noticia y un motivo de alerta».
En opinión del presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, «lo ideal es no generar inseguridad». Los funcionarios que redactan documentos como este Plan de Recuperación remitido a la Comisión Europea (CE) «trabajan en un despacho y no saben nada de singularidades canarias», aseveró Casimiro Curbelo.
«Parece mentira tener que pelear en Europa contra tu propio Gobierno de España, ya no me asombra, pero sí me indigna y es agotador», se sumó la diputada regional Esther González, de NC, otra de las formaciones que integra el Ejecutivo canario.
