El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno del Estado ha enviado a la Comisión Europea (CE) incluye la creación de un impuesto que grave las emisiones de gases nocivos que genera la aviación. No recoge la lógica excepción de las Islas, donde no hay más remedio que recurrir al avión, por lo que el Ejecutivo autonómico tendrá que volver a dirigirse al central para recordarle la existencia del Régimen Económico y Fiscal (REF).
«La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda exigirá en todo momento que se cumplan los preceptos recogidos en el REF, que en su artículo 4 recoge expresamente que, para ganar en competitividad, se aplicarán reducciones y bonificaciones sobre las tasas de los puertos y aeropuertos canarios con respecto a las que se aplican en el resto del territorio nacional», señaló el departamento que dirige Sebastián Franquis en un comunicado.
Lo cierto es que el documento que Madrid ha remitido a Bruselas no menciona las especificidades del Archipiélago, circunstancia que advirtió el secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo. Para el nacionalista, mantener a las Islas en ese saco, «supone un golpe casi mortal a la economía de las Islas».
En el Ejecutivo canario se mostraron seguros de que se atenderán sus exigencias, «como no puede ser de otra manera, porque está en el REF», señalaron fuentes del Gobierno regional. Fue una de las cuestiones que se puso sobre la mesa en el Consejo de Gobierno celebrado ayer.
También la necesidad de buscar combustibles alternativos, porque, según las mismas fuentes, «la legislación es cada vez más exigente» en el ámbito medioambiental. De hecho, entre los proyectos privados diseñados en Canarias y que aspiran a obtener financiación europea se encuentra uno sobre desarrollo de biocombustibles para la aviación.
Las garantías legales avalan el éxito que tendrán las Islas en su diálogo con Madrid. Pero Clavijo lamentó que la documentación remitida a Bruselas «no deje claro que Canarias tiene que estar excluida». En su opinión, la falta de tacto de Madrid dispara una «alerta» y recordó que CC acumula más de un año advirtiendo de que es necesario exceptuar al Archipiélago de esta medida.
Una semana antes del confinamiento (marzo de 2020), la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, remitió una carta al presidente canario, Ángel Víctor Torres, en la que le aseguró que la figura fiscal que ya entonces se preparaba para gravar el transporte aéreo no afectaría a las rutas con las Islas.
Otra de las medidas fiscales incluidas en el documento remitido por el Gobierno de España a la CE es el pago por la utilización de las carreteras de alta capacidad a partir de 2024 (un céntimo por kilómetro recorrido). El consejero Sebastián Franquis aclaró que Canarias no se incluye en la Red Estatal de Carreteras. La comunidad autónoma, por tanto, «tiene plenas competencias en carreteras y, además, la Ley de Carreteras de Canarias garantiza la gratuidad de estas vías en toda la región».
El artículo 22.2 de esa norma (9/99) señala: «Cada carretera será explotada directamente por su titular y su utilización será gratuita». Suficiente para que la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda autonómica dé por sentado la imposibilidad de que exista «una imposición de tasas por el uso de las autovías y vías de alta capacidad de Canarias, ya que forman parte esencial de la red medular de conectividad y transporte de un territorio fragmentado como el del Archipiélago».
La automoción había mostrado su preocupación desde que se conoció la medida. El presidente de la Federación Regional Canaria de Empresarios Importadores y Concesionarios de Automóviles (Fredica), Rafael Pombriego, advirtió de que el sector «no soporta ya más presión». Además, aseguró que fabricantes y vendedores están «por la descarbonización, pero rechazó la demonización del uso del vehículo.
Su homólogo en Aconauto, Manuel Sánchez, se mostró convencido desde el principio de la imposibilidad de aplicar esta medida porque sería «antisocial» en una comunidad autónoma en que la renta per cápita por habitante no permite vivir «en muchos casos» cerca del centro de trabajo. A pesar de su convicción, reconoció que todo resultaría más sencillo si documentos de este tipo recogieran las especificidades canarias.
En esa misma líneas, el director de la Cátedra del REF (Régimen Económico y Fiscal), Salvador Miranda, señaló que las «muchas preocupaciones que existen en el momento actual» no deben servir para justificar la continuada omisión del fuero canario en cuantas decisiones se adoptan.
La reforma fiscal propuesta por el Gobierno central a Bruselas juega, según Miranda, contra el diferencial que consagra el REF. «Cuando se armonice y se establezca una tributación mínima [la habrá en el Impuesto sobre Sucesiones] se habrán barrido nuestros incentivos fiscales, y justo cuando más los necesitamos», explicó el economista y asesor.
La existencia de la ZEC (Zona Especial de Canarias), RIC (Reserva para Inversiones de Canarias) o DIC (Deducción por Inversiones de Canarias), entre otras –todas contenidas en el REF–, tienen por objetivo compensar el sobrecoste que propicia la lejanía y mantener así a las Islas en el mapa inversor.
Desde la atalaya que es la Cátedra del REF, Miranda Calderín estimó que el fuero canario «es una minucia para el Gobierno de España a medio y largo plazo». Soslayado por cuantas necesidades del conjunto de la población española deben cubrirse, no «tienen en cuenta» al diferencial fiscal canario a la hora de tomar decisiones en Madrid.
Si bien estas pueden estar llenas de lógica y servir a los intereses de la gran mayoría del Estado, obvian los de la comunidad autónoma que con más intensidad esta padeciendo la actual crisis, que tiene la tasa de desempleo más elevada (25,4%), la mayor proporción de trabajadores que permanecen afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y en la que solo cuatro de cada diez jóvenes menores de 30 años consiguen un empleo.
Con el agravante de que cada vez que obvian los preceptos del REF, los gobernantes están incumpliendo una norma aprobada en las Cortes españolas, «es más, un estatuto, una ley plus», matizó Salvador Miranda. Tampoco basta, en su opinión, con rectificar, porque eso garantiza la existencia de molestias a los administrados.
De ese modo, el director de la Cátedra del REF se refirió a la «lentitud» con que llegan las respuestas. «Nos encontramos con que muchas veces se adoptan en los últimos días de diciembre modificaciones que pedimos durante dos años», lamentó.
