El Gobierno se ha comprometido ante la Comisión Europea a abordar la reforma del sistema de pensiones en ocho bloques. Los primeros de ellos entrarán en vigor ya en el 2022 y el resto se irán adoptando a partir del 2023; en algún caso, a lo largo de las tres próximas décadas, como es el incremento gradual de la base máxima de cotización, acompasado de una adaptación de la pensión máxima.

En los 2.000 folios del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PTRT) que el Gobierno remitió el viernes a la Comisión Europea se prevé que el nuevo sistema para endurecer la prejubilación voluntaria de dos años y premiar el retraso de la edad del retiro sea efectivo a partir del 2022.

Estos son los hitos temporales previstos para la reforma del sistema de pensiones:

Separación de fuentes de financiación (2023)

El Gobierno estima que el sistema de cotizaciones de la Seguridad Social aún financia casi 14.000 millones de euros de ‘gastos impropios’ que deberían ser pagados con impuestos, para restar presión financiera al sistema de pensiones. Entre estos, se incluyen algunas políticas activas de empleo, reducciones en la cotización a la Seguridad Social para fomento del empleo o la prestación por nacimiento y cuidado de hijos, entre otras partidas. En el 2021 ya se traspasó al Estado 14.000 millones de gastos impropios, pero aún quedan otros tantos.

Revalorización de las pensiones con el IPC (2022)

«Antes de que finalice el 2021» está previsto que se apruebe el acuerdo adoptado con los agentes sociales para la derogación definitiva del índice de revalorización de las pensiones introducido en el 2013 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que condenaba a las pensiones a una subida del 0,25% durante un amplio número de años. El sistema pactado con los agentes sociales establece la revalorización de las pensiones a partir del IPC medio del año anterior y una compensación adicional si al final el IPC del ejercicio resulta superior.

Prejubilaciones y retrasos en el retiro (2022)

Para aproximar la edad efectiva de jubilación con la edad legal, el ministro José Luis Escrivá ha puesto sobre la mesa de negociación con los agentes sociales un conjunto de medidas para las que el Plan de Recuperación prevé su «aprobación antes de la finalización de 2021, si bien tendrán un efecto acumulativo en el tiempo». Las medidas de este bloque entrarán en vigor en el 2022, si bien para las prejubilaciones en bases máximas habrá un periodo transitorio, que podría ser de seis años.

El nuevo sistema de prejubilaciones voluntarias que se negocia con los agentes sociales incluye aumentar los coeficientes reductores de la futura pensión para quienes opten por adelantar el retiro dos años y también para quienes tomen esta decisión en los tres meses últimos antes de cumplir la edad legal de jubilación. Para el resto de las opciones (quienes se prejubilen entre 4 y 22 meses antes de la edad legal), los coeficientes reductores que se proponen son mas suaves.

Así, la penalización máxima (24 meses de adelanto en la jubilación) pasaría del 16% actual al 21%. La penalización mínima (tres meses de adelanto) pasaría del 2% al 3,52%. Entre medias, un adelanto en la jubilación de 12 meses, por ejemplo, tendría una penalización del 5,5% , en lugar del recorte actual del 8%.

Además la reducción se aplicaría sobre la pensión resultante, no sobre la base de cotización, para evitar la ventaja que ahora logran los salarios más elevados.

Para la jubilación anticipada involuntaria, también se prevé una revisión de los coeficientes reductores, menores en la mayoría de los casos y con un mejor tratamiento para las carreras de cotización más extensas.

Para premiar el retraso en la edad de jubilación se negocia con los agentes sociales un sistema de incentivos que ya estará en marcha en el 2022, en el que se incluyen cheques de entre 12.000 euros (en caso de pensión máxima) hasta 4.786 euros (en caso de pensión mínima) por cada año de demora de la jubilación. O si el pensionista lo prefiere fragmentado, Escrivá le quiere asegurar un extra del 4% para toda la vida, cuando ahora ese extra se sitúa entre el 2% y el 4%.

Periodo de cómputo más largo y voluntario (a partir de 2023)

En este bloque se incluye el controvertido debate sobre la posibilidad de ampliar el número de años cotizados que sirven para calcular la pensión desde los 25 años que regirán en el 2022 a un periodo mayor, que podría llegar a 35 años.

«La medida afecta a los nuevos pensionistas, si bien la implementación será progresiva», se afirma en el Plan de Recuperación. Consciente de que la medida «puede tener efectos negativos», el Gobierno propone que la posibilidad de que cada trabajador elija sus mejores años de cotización y la mejora del sistema de integración de lagunas de cotización en la carrera profesional, a favor de personas con vidas laborales intermitentes.

Nuevo factor de sostenibilidad (2022)

El Gobierno quiere introducir un mecanismo que permita adaptar el coste de las pensiones a la creciente esperanza de vida pero plantea la derogación del factor de sostenibilidad que adoptó el Gobierno del PP en el 2013, que nunca llegó a aplicarse por falta de consenso político y social. El caduco factor de sostenibilidad preveía recortar «la cuantía de la pensión» en función de la creciente esperanza de vida de los nuevos jubilados. En el nuevo modelo se propone actuar «sobre otros parámetros del sistema», distintos de la cuantía de la pensión. En el Plan de Reforma no se concreta la propuesta, pero los parámetros básicos del sistema de pensiones son la edad de jubilación (67 años en 2027), el periodo de cotización (15 años) y el de cómputo (25 años).

Nuevo sistema para autónomos (2022)

El nuevo modelo que pretende adaptar la cotización de los trabajadores autónomos a los ingresos reales obtenidos deberá ser aprobado «en el primer semestre de 2022» de cara a un «despliegue gradual a partir de esa fecha», con un despliegue transitorio. La propuesta del Gobierno a los agentes sociales incluye una tarifa de cotización con 13 tramos.

E Planes de pensiones de empleo (2022)

Mediante esta reforma se pretende revisar el marco regulador del sistema de pensiones complementarias con el fin de impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente sectorial. Los Presupuestos del 2021 ya recortan los beneficios fiscales de los planes de pensiones individuales y aumenta los de los planes de empleo.