Los trabajadores y sus organizaciones vuelven a sacar hoy sus demandas a las calles. Es el primer Día Internacional del Trabajador presencial de la era poscovid, tras el confinamiento.

La tela de las enseñas sindicales vuelven hoy a hondear en las diferentes manifestaciones o concentraciones convocadas en todo el país, en una jornada limitada y enrarecida debido a las restricciones de aforo y que previsiblemente estará condicionada por la lluvia.

Derogación de las reformas laboral y de las pensiones del PP, descongelar la subida del salario mínimo, contra los despidos masivos en la banca o a favor de la jornada laboral de 32 horas... La panoplia de reivindicaciones es diversa. En las dos capitales canarias la cita es la 11.00 desde la plaza de San_Telmo a Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria y desde Méndez Núñez a la Plaza de La Candelaria.

Y en Madrid la precampaña promete marcar la jornada. CCOO y UGT dan el tradicional paseo de Cibeles a Sol esta vez con una manifestante ilustre entre sus filas: la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Es la primera vez, desde la Segunda República, que una ministra de Trabajo se deja ver en las manifestaciones sindicales del Primero de Mayo y lo hace codo con codo con unas centrales que le exigen derogar cuanto antes varias de las reformas que tiene pendiente su departamento.

  • Reforma laboral

La derogación de la reforma laboral viene siendo el late motiv de las manifestaciones del Primero de Mayo desde que el PP la aprobó en el 2012. Los sindicatos aguardaron su oportunidad mientras Mariano Rajoy estaba en el Gobierno y desde que Pedro Sánchez es presidente le vienen reclamando que cumpla esa promesa electoral. Más será presumiblemente este año, cuando el Gobierno se ha comprometido con ello ante Bruselas, que esa derogación tiene visos de materializarse. Parcialmente. Pese a la oposición patronal, Díaz ha prometido que estas reformas habrán pasado por el BOE antes de acabar el año.

  • Reforma de las pensiones

La otra derogación que reclaman desde hace años lo s sindicatos al Gobierno es la de pensiones del 2013. Y con el Gobierno tienen más claro lo que quieren suprimir, que la fórmula que debe sustituirla. Es el caso del factor de sostenibilidad, que liga la revisión de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados. El Ejecutivo ha prometido suprimirlo, pero su recambio no está claro y las centrales recelan de las intenciones del ministro José Luís Escrivá.

Los mecanismos para penalizar la jubilación anticipada también pueden provocar choques entre las partes.

  • Nuevo sistema de Erte

Si la crisis del covid no se ha llevado más empleos por delante (consumió 850.000 en su primer mes en España y más de 80.000 en Canarias) fue gracias a las ayudas públicas para que las empresas fueran al ERTE y no despidieran. Hasta 3,5 millones de trabajadores llegaron a estar cubiertos por este mecanismo, que ha supuesto un coste acumulado para el erario público sin precedentes. Trabajo se ha comprometido ante Bruselas, tal como recoge el Plan de Recuperación, a prorrogar de manera transitoria las ayudas hasta final de año. Hasta ahora el formato ha sido trimestral, así que quedarían dos prórrogas más.

  • Acuerdos de teletrabajo

Prórrogas de los ERTE a parte, una de las primeras normas que el Ministerio de Trabajo aprobó tras el estallido de la pandemia fue la nueva ley del teletrabajo. Esta salió publicada en el BOE en septiembre del 2020. No obstante, el texto recogía un paraguas general para luego dar cobertura a los acuerdos que se fueran pactando empresa por empresa y sector por sector. La negociación colectiva entre sindicatos y patronal tiene aquí una asignatura pendiente, pues hasta ahora han sido muy pocos los convenios que han trascendido y que incluyan cláusulas de teletrabajo.

  • Incrementos salariales

Otra de las asignaturas pendientes que tiene la negociación bilateral entre empresarios y trabajadores es renovar los acuerdos sobre incrementos salariales. El último AENC, un convenio de convenios que fija las horquillas recomendadas, venció el 2020. Este sugería subidas de entre el 2 y el 3%, en función de objetivos a pactar y con posibilidad de revisión según el IPC. Las partes tienen pendiente abordar uno nuevo, aunque de momento la patronal no tiene prisa.