El futuro del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM) pasa porque sea más transparente y que los productos que están gravados con este arancel sean evaluados con regularidad por todos los sectores afectados. Los industriales y los importadores mantienen e, incluso, ahondan en sus diferencias en torno a este tributo del Régimen Económico y Fiscal (REF) que tiene como objetivo proteger a la producción local. Mientras los industriales aseguran que este arancel es “imprescindible” para el sector, los importadores niegan la mayor y advierten que la principal consecuencia del AIEM es la carestía de la cesta de la compra en las Islas.
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria organizó ayer un debate telemático en torno a este arbitrio con la intervención del vicepresidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Virgilio Correa; el presidente de la Asociación de Importadores (Adican), Pedro Peña, y Rafael Molina Petit, técnico comercial del Estado y analista financiero. La moderación del debate corrió a cargo del economista y asesor financiero Javier Santacruz.
Virgilio Correa, también director general de Tirma, valoró la continuidad del gravamen después de dos años de trabajos con la Consejería de Hacienda para confeccionar el listado de productos y obtener el visto bueno del Estado y de Bruselas. En su opinión, el AIEM es una “herramienta imprescindible” para la industria canaria debido a los sobrecostes que soportan las empresas de las Islas en comparación con las del territorio continental. Un reciente estudio elevó al 29% el sobrecoste del sector por su lejanía e insularidad, con lo que sin este arbitrio la producción local no sería competitiva frente a los productos similares que vienen del exterior.
Pero la posición de los importadores es diametralmente opuesta a la que mantiene la patronal industrial. Pedro Peña es categórico y, en su opinión, el AIEM no está sirviendo para proteger a la industria canaria porque ésta sigue igual e incluso peor que hace 20 años, cuando este arancel sustituyó al APIC. El representante de los importadores cuestiona el efecto “perverso” que provoca esta figura impositiva porque la consecuencia de gravar productos que vienen de fuera es que se incrementa la cesta de la compra para los consumidores. Peña critica que en 20 años el AIEM haya provocado un incremento de los precios en una cantidad total de 2.700 millones de euros y que el Gobierno lo utilice para recaudar sin que se demuestre su efectividad, pese a que Bruselas convalida este gravamen cada vez que se revisa.
Rafael Molina Petit no entró en la polémica empresarial sobre los efectos positivos o negativos del arancel. Sin embargo sí consideró necesario realizar un “ajuste fino” en el mismo para dotarlo de más transparencia y que los sectores afectados accedan a la información sobre la evolución de los productos gravados.
Protección
Molina Petit hizo un repaso histórico sobre ésta y otras figuras impositivas que a lo largo de la historia de las Islas han intentado proteger algunos productos locales frente al exterior. En su opinión, Canarias ha combinado la apertura hacia los mercados exteriores con una cierta protección para mantener el tejido empresarial de las Islas.
“Unos están a favor y otros en contra, el hecho es que la Comunidad Autónoma recauda unos 160 millones de euros con el AIEM y por eso debe ser más transparente y quizá requiera de un ajuste fino porque a lo mejor lo que se intenta proteger supone que se desprotege a otros, no es una cuestión de blanco o negro”, explicó Molina Petit.
El AIEM está “bendecido” por Bruselas en el marco tributario propio de las Islas y las revisiones que se realizan cada siete años por la Consejería de Hacienda son analizadas y debatidas ampliamente. Para Asinca la última revisión que dio lugar al actual listado se prolongó durante dos años y hubo cambios para ajustar los productos gravados a las necesidades de la producción local, pero intentando no perjudicar a la importación. Sin embargo, desde los importadores se mantiene que la UE da el visto bueno a este arancel porque se guía por la “parte interesada” que es el Gobierno.
Otra cuestión que recalcó también Rafael Molina Petit son los perjuicios que está ocasionando tanto el AIEM como el IGIC, los dos principales tributos del régimen fiscal canario, al comercio electrónico, asunto que también ha sido objeto de polémica por el sobrecoste que supone esta actividad para los canarios. En opinión del técnico comercial del Estado, el REF “no debe obstaculizar el comercio electrónico y debería homologarse al IVA para evitar las dificultades que está padeciendo este sector”.
