El proyecto de ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, que fija los compromisos climáticos que deberá cumplir España durante las próximas décadas, saldrá adelante sin contemplar un tratamiento singularizado de Canarias. El Senado dio su visto buenos ayer a la nueva norma sin que aceptar ni una sola de las enmiendas nacionalistas para corregir ‘el olvido’. El texto se aprobará definitivamente en las próximas semanas de nuevo en la Cámara Baja, donde sólo se votarán los pocos retoques técnicos introducidos. CC, con todo, apoyó ayer el conjunto del proyecto de ley y lo hará también cuando se vote definitivamente en el Congreso.
Las cuatro enmiendas nacionalistas estaban orientadas a reconocer las singularidades canarias en la aplicación de esta ley en el Archipiélago por tratarse de un territorio, en tanto que islas, “extremadamente vulnerable”. La principal de las propuestas pedía la creación de una Disposición Adicional en la ley para un “tratamiento específico para Canarias” por su condición de RUP, y en la que se diera cumplimiento de la directiva de la UE “relativa al fomento de las energía renovables, por su aislamiento, el suministro limitado y la dependencia de los combustibles fósiles, y al desarrollo de la economía circular y azul”.
Por tanto, se pretendía que la nueva normativa estatal reconociera la necesidad de “incentivar todas las acciones encaminadas a la mitigación y la adaptación” del cambio climático en el Archipiélago, que irían desde el uso de las energías renovables para alcanzar un mayor nivel de independencia energética, hasta reconocer el potencial de estas energías en las Islas y la necesidad de ayuda pública para salvar la singularidad y complejidad que Canarias tiene reconocida como región ultraperiférica (RUP).
La propuesta obligaría también al Gobierno a establecer, “mediante procedimientos de concurrencia competitiva, un régimen retributivo específico para las instalaciones de generación con producción de fuentes procedentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos situadas en sistemas no peninsulares”. Además, el régimen retributivo podría incorporar excepcionalmente un incentivo a la inversión y a la ejecución en un plazo determinado cuando su instalación suponga una reducción significativa de los costes.
En su defensa de la enmienda, Clavijo ha señalado que “nuestro sistema económico basado en el turismo, las necesidades de movilidad, la producción energética independiente en cada Isla, y nuestra condición de RUP son singularidades que deben tenerse en cuenta en la aplicación de esta ley”. De lo contrario, afirmó, “corremos el riesgo de vernos descolgados en el acceso a las energías renovables y que esa transición energética se vea ralentizada o frustrada”.
Según Clavijo, “se hace necesario incentivar todas las acciones que se encaminen a la mitigación y adaptación del cambio climático en Canarias, pero van a tener que ser impulsadas y financiadas con cargo a los recursos públicos, porque si no en islas pequeñas no va a ser viable la instalación de los molinos de viento, aerogeneradores o plantas foltovoltaicas”.
La pregunta es, ¿de qué se podría ver descolgada Canarias?
Neutralidad climática
El objetivo de esta ley es ayudar a España a cumplir los compromisos internacionales en la lucha contra el cambio climático para alcanzar antes de 2050 la denominada ‘neutralidad climática’. Es decir, que un país solamente pueda emitir una cantidad de gases de efecto invernadero igual a la que puedan ser absorbidos por sus elementos de absorción, tales como los bosques. Con esta finalidad, la nueva normativa establece una serie de metas intermedias y de medidas concretas. El preámbulo de la ley asegura que, además de canalizar los fondos europeos de recuperación, la transición energética promovida por esta norma permite movilizar más de 200.000 millones de euros de inversión en la presente década y aumentar el empleo neto entre 250.000 y 300.000 personas.
Las metas más importantes hasta 2030 son, entre otras, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 23% respecto a 1990; alcanzar una penetración de las energías renovables en el consumo energético final en al memos un 42 % (frente al 20 % actual); o alcanzar un sistema eléctrico con más del 74 % de generación con energía de origen renovable, casi el doble del 40% del que se logra ahora.
En movilidad –uno de los aspectos sobre el que la ley hace más incidencia dado que el 30 % de las emisiones contaminante procede del sector del transporte– la ley intenta acompañar la tendencia del cambio que ya se está dando en la sociedad española y en el sector industrial hacia el vehículo eléctrico. El objetivo es lograr que en 2050 haya en España un parque importante de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono (C02). Ello supone que para el año 2040 ya no se pondrán vender turismos y vehículos ligeros no destinados a usos comerciales contaminantes.
Por otra parte, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán adoptar planes de movilidad sostenible que, entre otros elementos, incluyan zonas de bajas emisiones similares a las puestas en marcha en los últimos años en Madrid, Barcelona y otras capitales. Los de más de 20.000 habitantes también deberán aprobar medidas de este tipo la calidad de su aire no es buena.
Otras medidas se refieren a la implantación de los puntos de recarga de los coches eléctricos, de los que obligatoriamente deberán disponer las gasolineras, así como que se facilite su instalación en los edificios y aparcamientos. A partir de 2023, los bloques de uso residencial y con más de 20 plazas de aparcamiento deberán contar con puntos de carga. También se fijan objetivos de integración de combustibles alternativos en el transporte con especial énfasis en los biocarburantes avanzados y otros combustibles renovables de origen no biológico.
