Nuevo giro de volante del ministro José Luis Escrivá en su reforma de las pensiones, esta vez en lo referente a los trabajadores autónomos. El Gobierno ha renunciado a tener listo y en vigor para el inicio de 2022 el nuevo sistema de cotización en función de los ingresos reales. Y reconoce que no podrá tenerlo en marcha hasta, como mínimo, 2023. También ha planteado a los agentes sociales un periodo de adaptación de nueve años, a contar a partir de su entrada en vigor, para que los trabajadores por cuenta propia vayan transitando paulatinamente hacia el nuevo sistema. Es decir, hasta 2032 no prevé que esté totalmente operativo para los 3,2 millones de autónomos que integran actualmente el colectivo en todo el país.

Transitar hacia un modelo de cotización en función de los ingresos es un compromiso que el Gobierno arrastra del anterior mandato (cuando el PSOE gobernaba en solitario), que figura en las últimas recomendaciones del Pacto de Toledo y que el propio ministro reconoció hace apenas dos semanas en sede parlamentaria que pretendía poner en marcha en 2022. La nueva fecha de entrada en vigor, a expensas del acuerdo con los interlocutores sociales, será 2023; según han explicado varias fuentes del diálogo social tras una reunión mantenida ayer. Desde el Ministerio de Seguridad Social, ni han confirmado ni desmentido dicha rectificación por su parte.

Actualmente los trabajadores por cuenta propia cotizan en función de la base que ellos eligen, independientemente de lo bien o mal que les vaya su negocio. La idea del Gobierno es cambiar ese paradigma y que cada autónomo pague una cuota en proporción a sus ingresos. El primer planteamiento que trasladó la Seguridad Social a los agentes sociales era poner en marcha un sistema estructurado en 13 tramos móviles, para que cada trabajador pueda ir cambiando de un tramo a otro en función de la evolución de sus cuentas. Y a final de año corregir cruzando datos con la Agencia Tributaria, devolviendo u obligando a pagar más en función del cierre del ejercicio. Según los cálculos de la propia Seguridad Social, dos de cada tres autónomos pasarían a pagar menos con el nuevo sistema de cotización.

Ese esquema sigue en pie, pero su aplicación tardará un año más de lo previsto en entrar en vigor. El pasado 12 de abril Escrivá compareció en la comisión del Pacto de Toledo y afirmó públicamente que la cotización en función de los ingresos reales entraría en vigor a partir del 2022. Dos semanas más tarde, su ministerio reconocía ante los agentes sociales la dificultad de tener en marcha ya dicho sistema el año próximo y postergaba hasta el 2023 su implementación.