Los registradores mercantiles y de la propiedad de Canarias destapan cada día una nueva operación sospechosa de ser una tapadera para el lavado de dinero. Hay de todo: negocios bursátiles que suscitan dudas sobre su legalidad, empresas fantasmas, compraventas de viviendas o edificios a precios inflados e incluso contrabando de obras de arte u otro tipo de bienes suntuarios, como joyas, pieles o coches deportivos. En los dos últimos años, el Centro Registral Antiblanqueo –el CRAB, que es el órgano para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de España– recibió desde la Comunidad Autónoma un total de 760 casos sospechosos. Más de 300 en 2020, el Año I de la pandemia, con lo que el coronavirus no frenó ni las actividades de lavado de dinero ni los esfuerzos del CRAB para combatirlas.
Los registradores se han convertido en pieza clave para la lucha contra el lavado de dinero. Es a finales de 2015 cuando nace el CRAB, que empezó a trabajar en marzo de 2016. Cuando un profesional del registro mercantil o del registro de la propiedad ve indicios o encuentra pruebas de un delito de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, remite el expediente al Centro Registral Antiblanqueo, que actúa así como un órgano centralizado. El CRAB es entonces el encargado de filtrar los casos, es decir, el que analiza uno a uno los expedientes que le envían los registradores. Tras el análisis, el órgano archiva el caso si no ve indicios suficientes de delito o lo eleva al Sepblac si efectivamente comprueba que hay argumentos para abrir una investigación. ¿Qué es el Sepblac? El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la particular unidad de inteligencia financiera de España. Es la institución que en última instancia envía a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal los casos en que la comisión de un delito de lavado de dinero o de financiación de células o grupos terroristas resulta, como poco, probable.
El año pasado, los registradores mercantiles y de la propiedad le remitieron al CRAB, desde todas las oficinas del país, un total de 24.951 avisos de posibles operaciones de lavado de dinero, según los datos suministrados a este diario por el Colegio de Registradores de España. En 2019, los profesionales de los registros públicos le comunicaron al Centro Registral Antiblanqueo la friolera de 31.798 casos sospechosos.
Los profesionales de la Comunidad Autónoma le trasladaron 309 expedientes al CRAB en 2020 y hasta 451 en 2019. Eso sí, la mayoría de las alertas por posibles delitos financieros que se emiten desde el Archipiélago sale de los registros de la provincia de Las Palmas. De esos 760 casos destapados en las Islas en los dos últimos años, hasta 590 –el 78%, es decir, 78 de cada cien o casi ocho de cada diez– se originaron en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Solamente 170 se detectaron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Sea como sea, lo cierto es que en el conjunto de la región los responsables de los registros públicos detectan una media mensual de prácticamente 32 casos sospechosos de lavado de dinero. O lo que es lo mismo: una media de un nuevo caso cada día.
La lucha contra el blanqueo de capitales –ni que decir contra la financiación del terrorismo– se ha intensificado en los últimos años tanto en España como en la Unión Europea. A los delincuentes les resulta cada vez más difícil llevar a cabo operaciones para hacer pasar como limpio y legal el dinero conseguido ilegalmente, y aquí entran el tráfico de drogas, el cobro irregular de comisiones, el empleo de trabajadores en negro o las sociedades durmientes, esas que tanta relación guardan con los paraísos fiscales.
Sociedades durmientes
Las sociedades durmientes son entidades que se pasan años sin actividad para de repente protagonizar una operación importante y disolverse de inmediato. También están las sociedades en cascada, domiciliadas en un paraíso fiscal y participadas por una o varias sociedades que a su vez están domiciliadas en otro paraíso fiscal, lo que dificulta sobremanera seguir el rastro de sus actividades; y las sociedades instrumentales, que se constituyen en terceros países para eludir el pago de impuestos en España. Y hay más ejemplos, casi todos con una característica en común: la presencia de uno o varios paraísos fiscales, ya sea directa o indirectamente, es decir, tras escarbar hasta encontrar el origen o el destino de los fondos.
Los paraísos fiscales son, por tanto, colaboradores habituales en muchos de los delitos de lavado de dinero. A veces no solo ocurre que se levanta un entramado de sociedades interconectadas y domiciliadas en varios de estos países –Antigua y Barbuda, Bermudas, Brunéi, Liberia, Macao, Mauricio, Montserrat, Nauru, Seychelles, Vanuatu...–, sino que los administradores residen, a su vez, en otro paraíso fiscal. La empresa radicada en Canarias aparece así oculta al final de esta larga cadena, y detectarla no siempre es una tarea sencilla, de ahí que la labor del CRAB y del Sepblac sea fundamental.
El paraíso fiscal favorito para operar con conexión en el Archipiélago es Jersey, una dependencia de la Corona británica ubicada en el Canal de la Mancha, al oeste de la costa de Normandía. Según las cifras que maneja la Secretaría de Estado de Comercio, Jersey está detrás de operaciones en las Islas por un montante de cerca de 21 millones de euros en la última década. A Jersey la siguen las Islas Vírgenes Británicas, de donde en estos últimos años ha salido rumbo Canarias un montante de 11 millones. El singular podio lo cierra Panamá –que en este momento no figura en la lista oficial de paraísos fiscales pero que lo es tanto como cualquier otro– con casi diez millones de euros.
Un total de 54 millones ha llegado a la Comunidad Autónoma desde el conjunto de los paraísos fiscales a lo largo de la última década.
