La totalidad de los bancos a los que JSP (José Sánchez Peñate SA) debe dinero están por la labor de negociar una quita con el grupo inversor que ha manifestado su interés en hacer posible que la principal industria alimentaria de las Islas continúe adelante. Eso sí, el desembarco del nuevo capital supondrá la pérdida de control en la empresa de la familia Sánchez, que puso en pie el negocio hace casi 60 años.

El 3 de junio expira el plazo para que el preconcurso iniciado ese mismo día del pasado mes de marzo se convierta en un proceso concursal con todas las de la ley. Si bien la situación financiera de la empresa roza lo dramático, cuesta encontrar alguien interesado en su desaparición, por lo que la disposición del sector financiero a perder parte de lo que se le adeuda abre de manera casi definitiva el camino a la salvación.

Dependen de ello cerca de medio millar de puestos de trabajo. Y es la plantilla la que precisamente coloca el interrogante sobre lo que está por venir. “No sabemos nada de lo que está ocurriendo”, aseguró ayer el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes. Desde luego no porque hayan existido muchos procesos de cambio de manos de empresas con los trabajadores sentados a la mesa, sino porque en este caso son acreedores a los que se deben “1,8 millones de euros” por los descuelgues salariales aplicados unilateralmente por la empresa desde 2019. El TSJC conminó a abonar esa deuda de inmediato.

La cesión de derechos la firmaron los representantes de los asalariados para el año 2018. “Nos dijeron que la situación era muy mala y accedimos, pero no sirvió para nada, hasta despidieron a parte del personal”, lamentó Yanes. De tal manera que finalizado el ejercicio se dio por terminado el voto de confianza, pero comprobaron que sus nóminas continuaban menguadas. Los tribunales les dieron la razón.

De todos modos, Ángel Yanes explicó que desde la crisis anterior, “en 2011”, el rumbo de siempre se había perdido. “Cada trabajador ha puesto de su bolsillo entre 40.000 y 50.000 euros, porque estamos comprometidos con la continuidad del negocio”, aseguró el representante sindical. Es otro de los motivos que expuso Yanes para demandar la presencia en las negociaciones con el fondo inversor que explora la compra del pasivo que JSP acumula en las entidades financieras.

En el vehículo de capital que trabaja para desembarcar en una de las principales industrias canarias se integran personas que han desarrollado parte de su carrera en las Islas, por lo que conocen el valor de las marcas –Millac, por ejemplo– que comercializa JSP. Así lo confirmaron las mismas fuentes próximas a las conversaciones que aseguraron que hay intención de invertir en el negocio.

“Si conociéramos sus caras, todo sería más sencillo”, afirmó el presidente del comité de empresa. Ángel Yanes se preguntó precisamente por el espíritu con que se ha diseñado la operación. Es decir, si existe una “apuesta por la compañía”, si los nuevos rectores contarán “con los trabajadores” o, de no ser así, “si al menos los despidos se plantearían con dignidad y no acogiéndose a la reforma laboral de 2012”.

La deuda de la mercantil que comanda José Sánchez Rodríguez en 2019 –último depósito de cuentas– superaba los 50 millones de euros. En el largo plazo, había apuntados en el debe 30,1 millones de euros; en el corto, 5,88 millones, y la cuenta de acreedores comerciales sumaba otros 18,5 millones de euros. Eso sin contar los movimientos de capital dentro del propio grupo; otros 4,30 millones de euros negativos.

JSP debe a los bancos poco menos de 40 millones de euros. Al que más, a Banco Santander, precisamente el más reticente a abrir la vía de la negociación. Sin embargo, presentado el preconcurso y con el tiempo corriendo, resulta menos arriesgado pensar en cobrar al menos la mitad que terminar por escribir la anotación “fallido” al margen de los créditos concedidos a la empresa en el pasado. Tras la absorción de Bankia, CaixaBank es el segundo banco al que más dinero debe JSP, seguido por BBVA, Sabadell y otras entidades de menor tamaño.

En esa labor de reducir la deuda se afanan quienes están por la labor de comprar el pasivo y comenzar a pilotar la nave.

Mientras, la plantilla continúa elaborando el calendario de movilizaciones. La contestación se concentra hasta la fecha principalmente en Tenerife. Hoy mismo comenzará a sondearse la posibilidad de que también Gran Canaria comience a asomar como escenario de las reivindicaciones.

Sí es seguro ya que la concentración celebrada el pasado 17 de abril en la plaza de España de Santa Cruz de Tenerife tendrá continuidad el próximo 8 de mayo ante la Subdelegación del Gobierno central de la propia capital tinerfeña. Así lo han decidido las asambleas celebradas esta semana.