El Gobierno ha renunciado a introducir un factor de compensación en la revalorización de las pensiones, que hubiera moderado los incrementos futuros en el caso de que en los años precedentes hubiera habido algún ejercicio con el IPC negativo. La intención de esta fórmula, que se ha caído de las mesas de negociación, era compaginar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas con la contención del gasto público. Este ha sido uno de los elementos pactados ayer entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y los sindicatos, según han confirmado varias fuentes conocedoras de las conversaciones.
Las negociaciones en el seno del diálogo social para tratar de hallar un acuerdo para una nueva reforma de las pensiones avanzan y ayer el Ejecutivo realizó una renuncia para tratar de cultivar el máximo consenso entre las partes. Pues los sindicatos se habían opuesto a cualquier revisión a la baja y recelan de parte de la reforma que les plantea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. La carpeta acordada ayer en las mesas de diálogo social es una de las muchas aristas que constituyen la nueva reforma y que todavía no está cerrada.
Poder adquisitivo
La hoja de ruta inicialmente planteada por el ministro Escrivá pasaba por revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior. Con un matiz, que en caso de que el IPC hubiera sido negativo, en los tres años precedentes se realizaría un cálculo para tratar de compensar esa puntual ganancia de poder adquisitivo y contener así la subida del gasto público. Es decir, si la inflación al cerrar el año había sido del 1%, las pensiones subirían el 1%. No obstante, si el IPC hubiera sido negativo, entraba en juego la cláusula para contener el gasto. Es decir, si el IPC hubiera sido del -1%, las pensiones ese año no hubieran subido (la revisión se hubieran quedado en el 0%), pero esa ganancia extra de poder adquisitivo se hubiera compensado descontando parte de la subida de los tres años posteriores, en caso de que en estos el IPC sí hubiera sido positivo.
Esta fórmula ha sufrido diversas modificaciones en los meses que llevan los agentes sociales y el Ejecutivo negociando la nueva reforma de las pensiones. Este elemento es uno de los pilares del primer bloque de reformas que el Gobierno ha prometido acometer durante el presente ejercicio, con vistas a que estas estén vigentes ya para 2022. Este primer bloque combina una serie de incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva, así como un nuevo cálculo para ir actualizando las pensiones cada año. Este último punto ha ido cambiando, pues inicialmente Escrivá planteó que las pensiones fueran revisadas en función a una media móvil durante un periodo de cómputo de cinco años.
Después este elemento cambió, tras la presión sindical, que entendía que era una fórmula compleja para ser entendida por la ciudadanía. Luego se pasó a la fórmula que se ha cayó ayer de la negociación. Y que ha vuelto a cambiar, en aras de desatascar las mesas.
