El Gobierno promete a Bruselas ligar las pensiones a la mayor esperanza de vida

El Plan de Recuperación, con sus compromisos de reformas estructurales, es la condición de la Unión Europea para hacer llegar a España los 140.000 millones que le corresponden del plan europeo Next Generation. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó ayer los 20 principales proyectos de inversión de los 69.528 millones que llegarán en forma de dinero a fondo perdido en los tres próximos años, hasta el 2023. También citó las 20 principales reformas estructurales que el Ejecutivo deberá culminar, a cambio; entre ellas, la reforma de la pensiones que exige Bruselas para la sostenibilidad del sistema.

Esos 69.528 millones se emplearán en un total de 30 áreas. De estas las políticas de apoyo a la industria, el turismo y las pymes acaparan el 23% de los fondos europeos; el 20,7% del dinero de la UE se irá a la agenda urbana y la lucha contra la despoblación.

Para el sector turístico se destinarán 3.400 millones con el objetivo de transformar del modelo turístico hacia la sostenibilidad. Incluye un programa de digitalización e inteligencia para destino y para el sector y la diversificación en Canarias y Baleares. Además, se prevén actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad, a través del desarrollo de productos turísticos, de la eficiencia energética y la economía circular en el sector, mediante inversiones en el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio histórico de uso turístico y en la mejora de zonas comerciales con impacto sobre la actividad turística, que permitan aumentar la competitividad.

En el proyecto de Plan de Recuperación, el Gobierno habla de la “sustitución del factor de sostenibilidad” que había impulsado el Gobierno del PP para reducir las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. En su lugar, propone “un mecanismo de equidad intergeneracional” y explica que este nuevo instrumento implica incorporar, “junto a la evolución de la esperanza de vida” otros “indicadores complementarios” que no detalla, pero que tendrían como objetivo ofrecer “una imagen mas fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población”.

El texto incorporado en el documento por el ministro José Luis Escrivá, y asumido por el Gobierno, no es de fácil comprensión, pero sí deja claro que la mayor esperanza de vida se tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía de la pensión.

Herencia del PP

La supresión del factor de sostenibilidad del PP fue una de las exigencias de Unidas Podemos en su acuerdo de coalición con el PSOE; también es una preocupación entre los sindicatos y partidos de izquierda, que abogan por desvincular los años de vida del importe de la pensión. Escrivá se comprometió, en su comparecencia el lunes en la comisión del Pacto de Toledo, a que no efectuaría “ningún recorte” sobre las pensiones, pero no acabó de despejar las dudas de algunos de sus ponentes ante la fórmula que sustituiría uno de los elementos más polémicos de la reforma introducida por el PP en el 2013: el factor de sostenibilidad. Este, a grandes rasgos, implica reducir el importe de la pensión a medida que aumenta la esperanza de vida de los nuevos pensionistas que se incorporan al sistema. Según diferentes estimaciones, este mecanismo podría suponer un recorte de la pensión del 12% para los nuevos pensionistas del 2040. De momento el mecanismo que introdujo el Gobierno del PP nunca ha llegado a aplicarse, pues se pospuso hasta el 2023. La agenda de reformas del Gobierno pretende tener vigente su sustituto en el 2022.

El ministro Escrivá reconocía el lunes, haciéndose eco de los datos de la propia Comisión Europea, que el mantenimiento del factor de sostenibilidad podía suponer una pérdida de poder adquisitivo acumulada para los pensionistas del 30% de media si este se mantenía hasta el 2050.

En materia laboral las reformas remitidas a Bruselas no incorporan novedades en lo referente al contenido respecto a las ya remitidas el pasado diciembre. No en cuanto a forma, sí en cuanto a tiempo. El Gobierno se compromete a abordar en el primer semestre del 2021 un plan de choque contra el desempleo juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo, la digitalización y modernización del SEPE y el establecimiento de un mecanismo transitorio de ertes hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores.

Estas son las áreas de reforma en las que más ha insistido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en línea con lo que también demanda la patronal CEOE. Esta parte de la agenda se coloca así en el tiempo por delante de la derogación parcial de la reforma laboral que también persigue la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y que no figura con compromiso de fecha en el proyecto de Plan de Recuperación publicado este martes.

El documento alude a que “en paralelo” a la agenda del primer semestre “se negociarían las reformas de mayor calado, avanzando con cinco elementos: simplificación de contratos, nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición, modernización de la negociación colectiva, regulación de subcontratas y revisión de bonificaciones” a la contratación.

La reordenación de las políticas activas de empleo ambiciona reducir, entre otros, las elevadas tasas de paro juvenil que acumula España desde hace años y que la pandemia ha vuelto a disparar, superando actualmente el 40% entre los menores de 25 años. Como complemento, el Gobierno también promete modernizar el SEPE para encajar esas nuevas políticas de ocupación y, como elemento transitorio para capear la pandemia minimizando despidos, alargar las ayudas a los ertes de la covid todo lo que queda del 2021.

Esos puntos son lo “más urgente” y “en paralelo” discurrirán otras reformas sin fecha definida, como la reforma de la subcontratación o los cambios en la negociación colectiva. Elementos actualmente en discusión con patronal y sindicatos, donde la primera no quiere hablar del tema y los segundos tienen prisa. La ministra de Trabajo se comprometió públicamente a que un primer bloque de esa contrarreforma laboral estaría aprobado antes de acabar este año, aunque esas fechas no se reflejan así de explícitamente en los documentos remitidos a Bruselas.