La agricultura y la ganadería afrontan la reconversión de sus explotaciones para hacerlas sostenibles. El proceso no es sencillo, pero cada vez son más las iniciativas políticas que caminan en la dirección de proteger el medio ambiente. Cuentan a favor con el rápido incremento del número de consumidores que ya demandan productos ecológicos. Un 18% de la superficie de cultivo canaria trabaja en esa línea, con 2.300 operadores y 8.000 hectáreas dedicadas a ello.

Datos “aceptables”, según expuso la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno autonómico, Alicia Vanoostende, en el encuentro Claves y retos de las conversión ecológica del sector primario en Canarias, organizado por BBVA y Prensa Ibérica en Canarias. No obstante, la responsable del sector primario del Archipiélago subrayó que esos números muestran también que resta un largo camino por recorrer; “tenemos que apostar por ello”, afirmó.

Más allá de las dificultades alas que se enfrentan los productores, Vanoostende incidió en que cada vez son más las iniciativas políticas que marcan el camino verde como el único posible. “La nueva Política Agraria Común (PAC) que se está negociando y entrará en vigor en 2023 convierte a los agricultores casi en agentes medioambientales”, detalló la integrante del Gobierno de Canarias.

Entre los retos que se ha marcado la Unión Europea (UE) está el de conseguir que la cuarta parte de la superficie cultivada se dedique a la producción ecológica en 2030. Sin embargo, Alicia Vanoostende matizó que todo el impulso que se da desde los poderes públicos debe “acompañarse de políticas activas”, es decir, de medidas que ayuden a los agricultores y ganaderos en la transformación.

Momento “de dolor”

Ese cambio es el momento “de dolor”, en definición del responsable de Negocio Agrario de BBVA en Banca Comercial, Roberto Ruiz, al que se enfrentan los productores. “Uno no se acuesta convencional y se despierta ecológico”, enfatizó.

Por el camino, las explotaciones agrícolas y ganaderas se enfrentan a un tiempo de hasta tres años –en función del tipo de cultivo– en el que no pueden lucir el sello ecológicas, por lo que no pueden repercutir en el precio el valor añadido que ya están introduciendo en las verduras, hortalizas o carnes, por ejemplo. Es decir, se incrementan sus costes, pero los consumidores pagan lo mismo que antes cuando van al mercado.

“Hace dos años preguntamos a los operadores del sector cuáles eran los problemas que se estaban encontrando y diseñamos productos para hacer viable el proceso”, explicó Ruiz. La conclusión es que si de verdad querían ser “parte de la solución” tenían que idear productos financieros a la medida: con carencia durante todo el proceso (solo se abonan los intereses y con los tipos en mínimos es algo factible), amortizables en tres años y disponibilidad del capital en el momento preciso para no generar más intereses de los que en realidad sean necesarios.

Otro de los balones de oxígeno que pueden recibir quienes deciden dar el salto llegará de Europa. Uno de los pilares de los fondos para la recuperación (Next Generation EU) es precisamente el fomento de la transición a un mundo más limpio y verde.

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) trabaja en la planificación estratégica que exige el decreto ley de medidas urgentes para la agilización de los trámites aprobado recientemente por el Ejecutivo regional con el fin de que no se pierda un solo euro del Next Generation.

“Con ese trabajo previo, cada centro directivo de la consejería jugará su papel en función de sus competencias. Con el proyecto de identificación del producto canario, fomento de sellos de calidad y refuerzo inspector esperamos jugar nuestro papel”, explicó el director del ICCA, José Basilio Pérez, sobre las que serán algunas de las iniciativas que ablanden el salto a la producción ecológica del sector primario del Archipiélago al calor del dinero que Europa ha aprobado para que los países miembros puedan salir del agujero económico en el que les ha metido la pandemia por coronavirus.

En lo material, nada útil que extraer a la hora del parón mundial que ha propiciado la covid. Cuestiones distintas son las enseñanzas que deja y los giros de guion que propicia en el interior de cada ciudadano. “La pandemia ha cambiado la mentalidad, y lo ecológico tiene ahí un papel fundamental”, resumió la consejera canaria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En esto existe un cierto retraso, no solo en Canarias, sino en general en España. Roberto Ruiz reveló que en países que tienen más interiorizada la pertinencia de comprar sano, “como los bálticos”, el consumo de productos ecológicos ocupa “entre el 20% y el 25%” sobre el total.

Demora acumulada aparte, lo cierto es que el avance se anuncia imparable. “En toda Europa la superficie destinada a este tipo de cultivos crece de manera muy rápida y en España tenemos ya dos millones de hectáreas”, detalló el responsable de Negocio Agrario de BBVA en Banca Comercial.

Vicente Melián, socio propietario de Aloe Vera internacional SA (Avisa), sostuvo que las cifras oficiales no están afinadas al milímetro. “Solo constan quienes comercializan su producción, pero hay muchos más productores en el segmento ecológico. La realidad es más brillante, porque la concienciación crece”.

El propio Melián, que junto a su hermano integra la segunda generación al frente de la empresa, apuntó otra de las grandes controversias que se han instalado en la órbita de los productos ecológicos: el precio. “El producto ecológico no tiene por qué ser extremadamente caro ni destinarse a elegidos”, aseguró.

Su afirmación bebe, entre otras cuestiones, de la disposición que muestran cada vez más consumidores a pagar un poco más si a cambio reciben fruta o verdura exenta de tratamientos químicos. Según José Basilio Pérez, “el precio debe ser justo para el consumidor y el productor, un precio de equilibrio, que no digo que sea fácil de alcanzar”. Además, a juicio del director del ICCA, “no solo influye el precio”, sino también “cómo nos alimentamos”, es decir, vuelve a entrar en juego esa tendencia de consumo que se decanta por la preservación de la salud y el medio ambiente.

“Si los únicos parámetros que se contemplan son el beneficio y la productividad, el resultado no va a ser sostenible”, sostuvo Pérez, para quien el actual “sistema está caduco”. Para sostener esta aseveración aludió a las múltiples iniciativas que desde todos los ámbitos se lanzan para propiciar un giro en pos de la preservación del planeta.

Él mismo optó por no poner límites al trabajo que resta por desarrollar en esta línea en el Archipiélago. Partiendo del hecho de que el 70% de la superficie útil de las Islas está sin cultivo aseguró que no resulta “descabellado pensar que toda la superficie canaria sea de producción ecológica”.

Al respecto, Roberto Ruiz destacó como ventaja el carácter minifundista que tienen las explotaciones en el Archipiélago. “El tamaño más pequeño puede ayudar en la apuesta por la calidad, resulta más difícil cambiar un modelo grande y muy mecanizado”, explicó el directivo de BBVA.