El gasto del Estado para el rescate de los trabajadores de empresas sin dinero para pagarles el sueldo o el despido se ha disparado en lo que va de año. Mucho más en Canarias que en España. La parálisis del turismo por el coronavirus ha puesto contra las cuerdas a un mayor porcentaje de negocios en las Islas que en el conjunto del país, con lo que también son más las empresas del Archipiélago que caen en la insolvencia. No les queda dinero para pagar los sueldos ni las indemnizaciones por despido o por finalización de contrato, así que sus empleados o exempleados se quedan en la estacada. Para echar una mano a estos trabajadores está el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que cubre parte de la deuda de las empresas con estos empleados. De modo que cuanto peor está la economía, más gasto tiene el Fogasa, que se convierte así en un indicador de la gravedad de la crisis. En los tres primeros meses de 2021, el gasto del Fogasa creció en todo el país un 12%. En Canarias lo hizo un 36%, justo el triple, lo que da una idea de hasta qué punto es peor la situación en la Comunidad Autónoma que, en general, en el resto de España.

Según datos suministrados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, al que está adscrito el Fogasa, el organismo público abonó en Canarias en el primer trimestre del año cerca de ocho millones de euros entre salarios e indemnizaciones. En salarios –incluidos los de tramitación, es decir, las cantidades que un trabajador despedido de forma improcedente deja de cobrar entre la fecha del despido y la de la sentencia que declara la improcedencia–, el Fogasa pagó casi 3,6 millones de euros; en indemnizaciones por despido o extinción de contrato, cerca de 4,3 millones. En todos los casos se trata de cantidades adeudadas a sus asalariados por empresas declaradas insolventes o en concurso de acreedores. No obstante, el Fogasa no le abona al trabajador la totalidad de la deuda, sino que la ley establece una serie de límites. El organismo público es una garantía de mínimos en favor de entidades y empleados –sobre todo de estos últimos–, una ayuda en circunstancias extraordinarias, pero ni se convierte en deudor ni les paga a los trabajadores a fondo perdido, ya que la empresa tendrá que devolver el dinero de forma aplazada.

Los 7,8 millones de euros abonados por el Fogasa en el Archipiélago hasta el 31 de marzo superan en más de dos millones la cuantía pagada en el mismo período de 2020, que ascendió a 5,75 millones de euros. Vuelve así a ocurrir lo que ya pasó durante la crisis financiera que estalló a finales de 2007, cuando la actividad del Fogasa no dejó de aumentar año tras año. De hecho, y pese al sensible incremento registrado de enero a marzo, lo peor está por llegar. Desde el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo explicaron ayer que los expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, han evitado que los casos que acaban en el Fogasa se incrementen aún más.

Los ERTE de fuerza mayor se han convertido en un flotador para miles de empresas y trabajadores. El problema llegará cuando finalicen y los negocios dejen de estar dopados por el Gobierno.

Algo que ocurrirá antes o después –el Ejecutivo estatal ya ha anunciado que habrá una quinta prórroga de los ERTE de fuerza mayor para mantenerlos más allá del 31 de mayo– y que descubrirá la verdadera dimensión de la crisis. En cualquier caso, la avalancha de casos en el Fogasa es solo cuestión de tiempo: otras 654 empresas con asalariados han cerrado sus puertas para siempre en 2021. Ya son 4.151 menos desde el inicio de la pandemia.