La primera rebelión de autónomos contra las deudas derivadas de la pandemia del Covid tuvo como protagonistas a los taxistas de Barcelona, en cuyo colectivo Élite Taxi saltó la chispa en otoño. El formulario “solicitud de modificación del contrato de préstamo” empezó compartirse por la nube de Google entre la organización. “Vengo a solicitar la modificación del indicado contrato de préstamo en base a la alteración sustancial de las circunstancias económicas...”, dice el documento. El destinatario es siempre un banco o una financiera. Los taxistas renegocian préstamos para el coche y la licencia “en aplicación de la denominada cláusula rebus sic stantibus, reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, detallan en sus cartas. “En general, la banca está accediendo a renegociar. Y menos mal –explica Tito Álvarez, líder de Élite Taxi–, porque llegamos a planear manifestaciones a las puertas de sucursales. El virus había tirado la facturación un 70%, pero los recibos seguían viniendo. Yo estaba viendo a gente agobiadísima, hasta pensando en quitarse de en medio”.

Los taxistas, tribu emblemática de los autónomos, han hallado un parapeto de papel para su parte en los 65.000 millones de euros que han perdido los trabajadores por cuenta propia en España en un año de pandemia. La cifra es del Barómetro covid-19 de ATA, principal asociación de autónomos, donde calculan que casi todas esas pérdidas ya son deuda, porque la mayoría de los emprendedores no tienen colchón, ni otra salida que entramparse... o diferirle el pago a otro autónomo.

El documento de los taxistas barceloneses se ha extendido entre chóferes de otras ciudades. No hay una iniciativa igual entre los otros autónomos más golpeados por la pandemia, los hosteleros. El estudio El impacto de la crisis del covid-19 sobre la situación financiera de las pymes españolas, presentado por el Banco de España, considera al 68% de los bares, restaurantes y salas de ocio “vulnerables ante la insolvencia” en función de su deuda neta.

“El autónomo español tiene miedo al fracaso. Así que entrampará a la familia, y si está desesperado incluso tirará de las tarjetas –aventura la economista Janira Benages, del bufete CCB SinDeudas BCN–, el concurso de acreedores no es una solución real para él, porque no ayuda a hacer frente a la deuda con Hacienda y la Seguridad Social. Somos el único país de Europa en el que las administraciones no negocian los impagos”.

Las pérdidas del 2020 entre los autónomos pueden ser descomunales. A una estimación de 70.000 millones, María José Landáburu, secretaria general de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), añade la demora: “Este año los autónomos somos acreedores de otros autónomos, y los pequeños son víctimas de los grandes porque la ley de pago a proveedores no tiene régimen sancionador, no castiga al que retrasa su pago”.

“Llega un momento en que cierras el local y te atrincheras en casa con lo mínimo”, relata, apuntando a la vía numantina, el hostelero madrileño Isidoro Sánchez. Cuando atiende a este diario está saliendo del coma tras varias subidas y bajadas de la persiana de su discobar Huertas 41, en el barrio de las Letras de Madrid. “Esta crisis es mucho más injusta que la del 2008 –sostiene Isidoro–. En aquella, si cometías un fallo, el mercado te penalizaba; esta es como si hubiera pasado un huracán. Ahora los proveedores de refrescos, por ejemplo, ya no perdonan más de un mes”.

Isidoro preferiría zombificarse a pedir prestado. De la crisis del 2008 sacó una máxima tras vivir la experiencia de responder con bienes personales a los débitos de la empresa: “No te endeudes para pagar deudas, eso no tiene sentido”. Las ayudas que ha anunciado el Gobierno serán un consuelo, pero no para todos. La Confederación Estatal de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha advertido de que la concesión excluye al 53% de los negocios.

La deuda se arremolina en los rincones de los locales cerrados, a veces nada metafóricamente, porque es ahí donde van a parar las cartas de los acreedores del negocio que ha dado el persianazo. “Es normal que se genere deuda –dice Landáburu– porque la prestación por cese de actividad la utiliza el autónomo para vivir y dar de comer a la familia, pero, mientras, no dejan de amontonarse los pagos del alquiler, de la furgoneta... Eso no tiene moratoria, ni el alquiler si el local no es de un gran tenedor”.

El retraso legal y compasivo de la obligación de presentar concurso dio lugar a una primera definición de la llamada empresa zombi, aquella que ya se habría derrumbado por las pérdidas y deudas si no fuera por la moratoria. Pero la moratoria genera vida artificial, y no poca. Un estudio de Iberinform (sociedad de Crédito y Caución) asegura que se ha convertido en zombi el 17,6% del tejido empresarial. En el 2019 era el 9,2%.

En este estadio de la crisis, hay pymes que harán lo que sea para lograr oxígeno del banco. Incluso volver a comportamientos de los 90 para tapar descosidos. Lo sabe un veterano madrileño del recobro que, por haber sido amenazado por morosos profesionales, pide mantener el anonimato: “He conocido empresas que han sacado dinero B del cajón para tapar sus deudas. Aunque sea un disparate, así maquillan sus resultados para poder presentarse ante el banco a pedir nuevos créditos”.

Las ayudas directas puestas en marcha por el Gobierno canario y ahora también por el Gobierno central tampoco han satisfecho totalmente al colectivo de autónomos ya que, además de engorrosas, dejan a muchas actividades fuera por los epígrafes empresariales publicados en los boletines oficiales. En el caso de las ayudas del Estado, el Ejecutivo regional negocia con el Ministerio de Economía una ampliación de las empresas que se pueden acoger a estas subvenciones y que se incremente el tope de las ayudas por encima de los 200.000 euros, para tener en cuenta a los grupos empresariales turísticos castigados por el cierre de los hoteles.