El Consejo Canario de Colegios de Abogados, así como los Colegios de Economistas de Canarias y los Colegios de Titulares Mercantiles y Empresariales de Canarias, junto con la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, compuesta por más de 30 colegios y unos 30.000 colegiados manifiestan sus discrepancias por las medidas de apoyo a las empresas aprobadas por el Gobierno de España y el Ejecutivo canario.
A juicio de estos colectivos, entre el Decreto Ley 2/2021, de 1 de marzo, del Gobierno de Canarias y el Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de “medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la covid-19 del Gobierno que preside Pedro Sánchez existen importantes diferencias en lo referente a los 11.000 millones de euros de ficha financiera disponible.
Entre estas se pueden destacar que, en primer lugar, los epígrafes de actividad a los que van dirigidos no son siempre coincidentes (solo en algunos casos) y dejan marginadas muchas actividades económicas; en segundo lugar, que las ayudas del Gobierno de Canarias se basan en epígrafes del IAAEE mientras que las del Gobierno Estatal se dirigen a códigos CNAE y por último y en tercer lugar, que las ayudas del Gobierno de Canarias hablan de empresas con descenso de un 30% en la cifra de ventas del segundo semestre de 2020 respecto al mismo segundo semestre de 2019, mientras que las ayudas del Gobierno Central hablan de descenso de facturación en todo 2020 respecto a todo 2019.
Estos colegios profesionales apuntan que a las ayudas iniciadas por el Gobierno de España se deben ajustara los criterios que, más adelante, cada Comunidad estipule o los que se determinarán en posteriores Consejos de Ministros.
