La condena penal al presidente de Ashotel, Jorge Marichal, por un delito contra la Hacienda pública compromete las ayudas institucionales a la asociación hotelera. El empresario ha sido condenado a dos años de cárcel, multa de 585.896 euros –que al juzgado no le consta que haya pagado pese a que él asegura que sí lo ha hecho– y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Marichal no puede recibir ni un euro de las instituciones –Gobiernos, cabildos, ayuntamientos y entidades dependientes– para ningún proyecto o iniciativa ni tampoco beneficiarse de ninguna medida de alivio fiscal, como rebajas o deducciones tributarias.
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro –que el martes arropó a su presidente y que considera que una condena penal por fraude fiscal es un asunto “particular” que no concierne a la organización– recibe ayudas del sector público y colabora con las instituciones del Archipiélago en diversos proyectos relacionados con el sector turístico. Por eso en los ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias hay preocupación por la prohibición de obtener ayudas e incentivos impuesta a Marichal. Los acuerdos con Ashotel pasan a estar en cuarentena. Tanto por las dudas jurídicas como por la imagen institucional y el coste político: alcaldes, concejales y presidentes se van a cuidar de cuidar de aparacer junto a un condenado en vía penal –la sentencia ya es ejecutable– por defraudar cerca de 300.000 euros.
El primer ejemplo es el del Cabildo de Tenerife, donde el grupo de Sí Podemos Canarias ha exigido que Marichal abandone el proyecto de la aerolínea Canarian Airways –impulsada por Ashotel– para mantener su apoyo a la iniciativa. En adelante, cualquier acuerdo o convenio que las instituciones suscriban con la asociación hotelera se expone a la censura política pero también a la de los interventores, que en la gestión pública son los encargados de supervisar y convalidar o reparar los actos y operaciones de los gobiernos de todo ámbito: municipal, insular o regional. En última instancia, las instituciones que suscriban acuerdos con Ashotel que impliquen la transferencia de fondos públicos a la organización hotelera se exponen a posibles denuncias por prevaricación.
El Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife condenó en primera instancia al también presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos –que como Ashotel ha arropado a Marichal pese a que la dirección de la patronal CEOE, a la que está asociada, le preparaba un expediente sancionador por si no dimitía– en julio de 2019. La sentencia, confirmada en mayo de 2020 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, le prohíbe a Marichal acceder a ayudas e incentivos durante tres años, hasta julio de 2022.
El empresario hotelero aseguró el lunes que ya ha pagado la multa de 585.896 euros que le impuso la jueza de primera instancia y también la suma defraudada –292.948 euros– y los intereses de demora, que ascienden a 200.000 euros. “Todas esas partidas están abonadas a la Agencia Tributaria desde el momento en que se exigieron”, aseguró el lunes Marichal después de que este diario publicara la sentencia que el hotelero había ocultado a la patronal. Sin embargo, al Juzgado de lo Penal número 8 de la capital tinerfeña solo le consta el pago de la responsabilidad civil –292.948 euros–. O lo que es lo mismo: no tiene constancia del abono ni de la multa ni de los intereses, que suman 785.896 euros.
El juzgado remitió el lunes, nada más publicarse la condena, un oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria “para que informe del estado económico” del caso. En la última resolución recibida en el juzgado, fechada el 3 de marzo –hace solo un mes y cinco días–, la Agencia Tributaria le confirmó el abono de la responsabilidad civil, “no así de la multa ni de la liquidación de intereses”. También está en el debe el pago de las costas procesales, aunque están “pendientes de aprobar”.
Marichal y su socio en la empresa Marmon Atlantis SL, Juan Antonio Moncada Migallón, defraudaron 292.948 euros en el Impuesto sobre Sociedades. Marmon Atlantis vendió a Clínica San Eugenio, compañía de la que es socio mayoritario el padre de Jorge Marichal, Agustín Marichal, nueve apartamentos por los que debía cobrar 1,3 millones en los seis meses siguientes al cierre de la compraventa –hasta el 30 de septiembre de 2009–, pero un pacto verbal amplió ese plazo y, por tanto, desaparecía, a juicio de los asesores fiscales de Marichal, la obligación de tributar en ese momento. Un “error técnico” a juicio del hotelero.
