Con todas las reticencias y pese al enroque con el que comenzó las negociaciones, la patronal entró ayer a negociar un primer bloque de la reforma laboral que le plantean desde el Ministerio de Trabajo. Que, a su vez, ya remitió a Bruselas. Los negociadores de Trabajo, CEOE, CCOO y UGT se sentaron ayer durante casi cuatro horas para debatir el primer borrador redactado por el equipo de Díaz y que tiene como punto principal la recuperación en las subcontratas de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa en lo relativo a los salarios y pluses. Pese a la duración del conclave y los mensajes que va reiterando el Ministerio de Trabajo de que sacará adelante sus reformas con o sin acuerdo del diálogo social, las diferentes fuentes consultadas coinciden en que los avances fueron paupérrimos.
Con muchos recelos y desde el rechazo, los negociadores de Antonio Garamendi entraron esta vez al trapo, tras mantener una actitud de bloqueo en la primera reunión y una de oyentes en la segunda. No por ello los representantes empresariales renuncian a exteriorizar su frontal desacuerdo con los contenidos puestos sobre la mesa. Y es que según las coordenadas planteadas por Trabajo y recogidas en las 17 reformas remitidas a Bruselas, los empresarios tienen mucho más que perder que de ganar en las mesas de diálogo social. “Las reformas que plantea el Gobierno no van en la dirección que solicita Europa y al restar flexibilidad a las empresas podrían acentuar la difícil situación actual y la pérdida de empleo”, sostuvieron fuentes de la patronal.
Las partes han pactado la liturgia de verse una vez por semana, hasta ahora los miércoles a las 10.00 de la mañana. Pues el cronómetro corre y el compromiso de tener un primer bloque de la reforma laboral del PP derogado es público por parte de la vicepresidenta Díaz. Así se mandó a la Unión Europea como justificante del paquete de fondos europeos de 140.000 millones que llegarán para la reconstrucción poscovid.
En la reunión de ayer, según sostienen fuentes del diálogo social, se pactó que las partes redactarán sus propuestas de modificación para el documento inicial de cinco páginas remitido desde Trabajo. Por parte de los sindicatos hay prisa por cerrar carpetas y no comenzar a abordar el nuevo sistema de ERTE o la reforma de las tipologías de contrato sin haber cerrado antes el bloque de la negociación colectiva –sobre el que se negoció ayer–.
La cuadratura del círculo que propone Trabajo a patronales y sindicatos es “mejorar” lo que les ha planteado, promoviendo la “flexibilidad interna” sin que ello vaya en detrimento de las condiciones salariales de los trabajadores de las subcontratas. Una fórmula compleja, cual manta corta que, para tapar la cabeza, deja los pies al descubierto. Los de Garamendi recuerdan a Díaz que los reproches que vienen de Europa no son explícitamente por la falta de equilibrio en la negociación, sino por la dualidad en el mercado laboral y los excesivos niveles de paro juvenil. Dos lacras que el mercado laboral español ya arrastraba de antes de que Mariano Rajoy entrara a gobernar.
Desde la bancada empresarial insisten en que la prioridad debe estar en la renovación de las políticas activas de empleo. Una liza en la que el diálogo social ya lleva negociando desde hace meses en otra mesa y cuyos frutos van con retraso, pese a la “base de acuerdo” de la que presume Yolanda Díaz. Fuentes conocedoras apuntan hacia el Ministerio de Hacienda, que presumiblemente estaría bloqueando los fondos necesarios para desplegar los incentivos y los planes de ocupación que negocia Trabajo con los agentes sociales.
El próximo martes el Consejo de Ministros prevé aprobar el Plan de Recuperación para captar esos 140.000 millones que deben llegar a España de los fondos europeos. Esas 17 reformas son el avance que el Gobierno ya presentó a Europa para acompañar los fondos. Uno de ellos es la reforma de la subcontratación, otro es esa reforma de las políticas activas de empleo, que podrían desbloquearse tras el anuncio de Pedro Sánchez el martes. Las comunidades autónomas también aprietan en ese sentido, pues sin la asignación de fondos de la Conferencia Sectorial de Empleo no les llega un montante importante de dinero.
El año pasado para estas fechas se repartieron 1.048 millones de euros, la mitad que en un ejercicio pre covid, entre todas las autonomías. Este año se espera que la cantidad se incremente sustancialmente, dada la escalada del paro registrada en los últimos 12 meses y la inyección de recursos que lleguen de Europa.
