El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha autorizado a faenar en aguas próximas a Canarias a atuneros cañeros, en su mayoría vascos, que hasta ahora tenían base en la capital senegalesa de Dakar y pescaban en aguas africanas. Al menos tres de las siete embarcaciones a las que el Gobierno central autorizó a principios de año a pescar 410 toneladas de la cuota española de patudo, –o tuna como se le conoce en las Islas–, en aguas cercanas a ese continente ya se encuentran en puertos del Archipiélago. Una maniobra que ha alertado a los profesionales del sector en el Archipiélago, que ven la presencia de estos buques como una amenaza para sus intereses, ya que compiten por capturar los mismos recursos, de por si mermados.

Así lo denunció ayer Fernando Gutiérrez, portavoz de la Federación Provincial de Cofradías de Tenerife, quien manifestó que la Secretaría General de Pesca pretende introducir “con disimulo” a estos barcos en Canarias, después de que hayan tenido problemas para seguir faenando en Senegal. Según Gutiérrez, en la actualidad los únicos barcos de la Península que faenan en aguas canarias son palangreros, es decir, embarcaciones que utilizan como aparejo de pesca una larga línea de anzuelos. “En general no perjudican a los pescadores canarios porque capturan especies que nosotros no pescamos”, argumenta. Sin embargo, en el caso de los atuneros “vienen a competir directamente con nosotros”.

Gutiérrez afirma que en el caso de los barcos vascos no solo han sido autorizados para faenar al menos a cien millas de la costa del Archipiélago, sino que incluso uno de ellos, el Aita Fraxku, –un atunero de 38 metros de eslora–, ha estado capturando cebo vivo infringiendo este margen. “No hay vigilancia”, recalcó Gutiérrez, quien añade que el Estado debe respetar la condición canaria de región ultraperiférica de la Unión Europea (UE), ya que “dice que los recursos de las aguas canarias son de los pescadores canarios”. De esta manera, denuncia que la Secretaría General de Pesca “se niega a reconocer la polivalencia de nuestra flota y no quiere permitir algo que está recogido en La Reforma de la Orden de Pesca del 2015”, pero por el contrario, sí “autoriza a un súper atunero con base en el País Vasco a operar en nuestro archipiélago”.

Además, insistió en que para autorizar la captura de cebo vivo en aguas canarias a un barco que no tiene su puerto base en el Archipiélago “es necesario realizar un estudio que avale el estado del recurso”. Una situación que asegura haber denunciado al Ejecutivo regional.

Los profesionales isleños denuncian que son una competencia directa para ellos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, confirmó ayer tener conocimiento desde hace varias semanas que el Ministerio había permitido a estos atuneros vascos faenar en la zona a partir de las cien millas canarias, debido a los problemas que habían tenido para trabajar en Senegal. Algo que aseguró es legal. Ante los micrófonos de Cope Canarias, la responsable autonómica también ratificó que uno de estos barcos había entrado en las aguas a menos de cien millas del Archipiélago y por este motivo remitió el pasado 30 de marzo un escrito al Ministerio para trasladar la queja formal de la Consejería canaria y pedir explicaciones por esta incursión y solicitar en base a qué condiciones se están pescando en esa zona. Sin embargo, al menos una de las embarcaciones vascas faena en aguas del Archipiélago desde finales del mes de febrero, tal y como también denunció el portavoz de la Federación Provincial de Cofradías de Tenerife a principios del mes de marzo.

El reparto de la cuota de tuna entre la flota canaria ha dividido al sector en las Islas

La consejera manifestó que todavía está a la espera de conocer la respuesta de la Secretaría General de Pesca y que ha solicitado una reunión con la secretaria general de pesca, Alicia Villauriz, para aclarar esta cuestión y “proteger y defender a nuestra flota artesanal, que es selectiva y que no tiene nada que ver con la flota industrial de otras comunidades autónomas”. Algo que aseguró que haría a pesar de que el Gobierno de Canarias es del mismo signo político que el estatal.

Vanoostende admitió que existe mucha presión en el sector en Canarias por la distribución de los recursos pesqueros. “Tenemos restricciones importantes en nuestra flota respecto al atún rojo y la tuna y esto viene a caldear el ambiente”, expresó, ya que “cuando el recurso es poco la distribución es compleja”.

El pasado 5 de febrero, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la resolución de la Secretaría General de Pesca respecto al reparto de las 7.604 toneladas de tuna asignadas a España. De esta manera, más del 50% de esta cantidad, 3.836 toneladas, a un total de once atuneros cerqueros congeladores. Las embarcaciones canarias cuentan con una cuota total del 34,2%, que asciende a algo más de 2.421 toneladas.

Reparto de la tuna

Sin embargo, el Ministerio ha hecho una distribución dentro del censo de embarcaciones canarias que pueden capturar esta cuota, diferenciando entre aquellas que se dedican en exclusiva a la pesca de este túnido, –34 barcos que acumulan 2.198 toneladas– y el resto de la flota canaria artesanal, 202 embarcaciones que solo pueden capturar 223 toneladas en total. El resto del reparto lo completan los siete atuneros cañeros con puerto base en Dakar (410), los barcos palangreros (705) y el resto de la flota (229).

Una distinción de la cuota en los barcos canarios que ha generado malestar entre los pescadores. Vanoostende aclara que el Ministerio ha hecho estos dos censos “en función de los históricos de pesca de cada uno de los barcos” y no “a la ligera”.

Sin embargo, para Fernando Gutiérrez este modelo de reparto es “criminal” y acusa a la Secretaría General de Pesca de querer “liquidar a la mayor parte de la flota polivalente de Canarias”. El también presidente de la Cofradía de Pescadores de El Hierro insiste en que con este sistema “no solo se arruina a la mayoría del sector”, sino que se ha generado una división y enfrentamiento entre los propios pescadores del Archipiélago, que a su juicio, va en contra de los intereses del colectivo.