Nunca llueve a gusto de todos. El refrán viene al caso cuando, después de un año de crisis económica provocada por la pandemia, tanto la Comunidad Autónoma como el Gobierno central coinciden en lanzar ayudas directas a las empresas y autónomos en el momento en que muchos ya han cerrado o están a punto de hacerlo pero, sin embargo, una amplia variedad de actividades quedan fuera de estas ayudas, en ocasiones de forma inexplicable. Por eso varios colegios profesionales y sectores económicos están alzando la voz para que las dos administraciones corrijan los errores y olvidos porque, en caso contrario, de poco van a servir para los que se queden fuera.

Uno de los colectivos más críticos con la forma en la que se han diseñado las ayudas directas de la Comunidad Autónoma son los economistas, un gremio formado sobre todo por autónomos y profesionales que han quedado totalmente “marginados”, según expresan, de los criterios establecidos en el decreto del Gobierno regional y que, además, como asesores de múltiples pymes y autónomos han comprobado en primera fila como muchos de sus clientes también se han visto sin posibilidad de solicitar las ayudas porque no cumplen los requisitos que, en su opinión, no tienen “ni pies ni cabeza”.

Los economistas, junto a otros colegios profesionales como los de abogados, psicólogos o auditores, además de colectivos de pymes y autónomos y profesionales liberales ultiman una carta dirigida al Ejecutivo autonómico en la que muestran su “incredulidad” con las ayudas de la Comunidad Autónoma “por dejar fuera a diferentes sectores de la actividad económica”. En opinión de los economistas “nos parece discrecional que se hayan incluido unos sectores sí y otros no, desde luego nos llama la atención que no podamos estar junto a otras empresas que están en el mercado y muchos de nuestros propios clientes que tampoco puedan solicitar las ayudas aunque estén afectados”.

Denuncian que los criterios establecidos por el Ejecutivo “no son objetivos” y que ha habido “falta de transparencia” a la hora de elaborar el decreto. La carta conjunta que se prepara establece que la caída de la facturación como consecuencia del cierre de la actividad económica y las restricciones provocadas por la pandemia han afectados a todos los sectores, también a profesionales como abogados o economistas que tienen despachos o son autónomos y, además, asesoran a pymes que o han cerrado o están en crisis y han dejado de abonar los honorarios a sus asesores jurídicos y financieros. Este efecto encadenado de la recesión también lo han palpado directamente los profesionales con muchos de sus clientes, que les han solicitado asesoramiento para acogerse a las ayudas y se han quedado fuera por no cumplir los requisitos porque un gran número de actividades no están incluidas o no están en el periodo estipulado que establece la norma autonómica.

El malestar es de tal magnitud que hay sectores profesionales que se plantean incluso impugnar el decreto, algo arriesgado porque supondría paralizar el trámite de las ayudas. Lo que sí es unánime es que el Ejecutivo debería aprovechar que se amplía el plazo para solicitar las ayudas y la posibilidad de incrementar los fondos para abrir la mano a aquellos epígrafes empresariales que, sorprendentemente, se han quedado fuera. Lo curioso del caso es que mientras estos profesionales están excluidos otros como arquitectos, ingenieros y farmacéuticos sí se puedan acoger a las ayudas, lo que se incomprensible para los afectados.

El lío aumentará en cuanto el Gobierno central establezca los detalles de las ayudas que se han aprobado por el Ministerio de Economía y que benefician a Canarias con nada menos que 1.144 millones de euros. Mientras el criterio establecido por el Estado para el listado de actividades es el del Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE), el criterio de la Comunidad Autónoma ha sido el del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En uno el periodo es la caída de facturación del año 2020 en comparación con 2019 mientras que en el otro es el segundo semestre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2019, lo que deja fuera nada menos que el estado de alarma que se decretó en marzo del año pasado. Asimismo, hay múltiples ejemplos si se compara el listado de actividades incluidas por el Estado frente a las de la Comunidad Autónoma donde unas entran en uno pero en el otro no, lo cual enreda aún más la situación para muchas empresas.

Los economistas y miembros del Colegio Profesional de Las Palmas José Manuel Rodríguez Moral y Pedro Alonso cuestionan las “incongruencias” que, a su entender, hay en los decretos de ayudas de la Administración autonómica y de la estatal y no entienden la “marginación” a la que se les somete como profesionales junto a otros colectivos y gremios. “Lo normal hubiera sido dejar entrar a todo el mundo que justificara la pérdida de ventas y de facturación por la crisis del Covid que fuera pyme y autónomo”, advierte Rodríguez Moral.

Por su parte, Pedro Alonso considera que hay “cierta discrecionalidad” en los criterios establecidos para las ayudas autonómicas y que hubiese sido más riguroso analizar con más profundidad los sectores afectados para que no se quedasen fuera.