La crisis del coronavirus sigue dejando huella en Canarias. La imposibilidad de reactivar el principal motor económico de las Islas, el turismo, y la aplicación de restricciones en actividades tan importantes como la restauración y el comercio han tenido un gran impacto en el mercado laboral del Archipiélago y como consecuencia en las condiciones de vida de muchos canarios. De esta manera, el número de hogares en los que no entra ningún tipo de renta se ha incrementado en 15.760, concretamente un 30%, desde que se inició la crisis, elevando la cifra total de familias canarias sin ingresos hasta las 51.950. Este indicador se ha disparado un 43,5% desde la irrupción de la crisis, si se tiene en cuenta que en el primer trimestre de 2020, –antes de que se declarara la emergencia sanitaria–, había en Canarias 36.190 viviendas en los que no entraba nada de dinero al mes.

El Archipiélago está siendo unas de las comunidades autónomas más afectadas por la pandemia. La destrucción de empleo en las Islas triplica en el último año a la que padece el conjunto del Estado y hasta que la incidencia del virus no comience a aminorar con el avance de la campaña de vacunación, las perspectivas de mejora en la economía canaria son bastante negativas.

Cierto es que el número de familias sin ingresos ha descendido respecto a las que se encontraban en esta situación en el segundo trimestre del año pasado, cuando el avance de la enfermedad obligó a decretar el estado de alarma y a reducir la actividad económica al mínimo para evitar su propagación. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) entre abril y junio, precisamente los meses en los que se produjo el confinamiento y la desescalada, el número de familias sin ingresos en las Islas ascendió hasta las 58.800.

Seis meses después esta cifra se ha reducido, pero sigue siendo muy importante, con más de 51.000 viviendas en las que ninguno de sus miembros percibe prestación alguna. Un dato que no se registraba en el Archipiélago desde el final de la crisis iniciada en 2008.

Las secuelas que está dejando el covid-19 en el mercado de trabajo de Canarias son más que evidentes. En una región donde el sector turístico aporta el 35% de su Producto Interior Bruto (PIB) y genera el 40% de sus empleos, su paralización, debido a las restricciones para viajar y la incertidumbre, tiene un efecto cascada en el resto de sectores económicos. Canarias cerró 2020 con una tasa de paro del 25,2%, la más alta de toda España, perdió el año pasado 113.000 puestos de trabajo y sumó 279.000 personas a las listas del paro. Lo que supone que cada día desde el estallido de la crisis se destruyen en las Islas 374 empleos y 232 personas se apuntan en las listas del paro. Una situación para la que no hay precedentes en el Archipiélago, ya que los números son mucho peores que los registrados en la crisis financiera.

En este momento se está destruyendo sobre todo empleo temporal en los sectores más dañados, lo que convierte a los trabajadores más vulnerables de la sociedad en los más afectados. Uno de los colectivos que más está notando la incidencia de la crisis son los jóvenes. Canarias vuelve a ser la comunidad autónoma donde la tasa de desempleo de los menores de 25 es más alta, del 57,7% en el último trimestre de 2020, o lo que es lo mismo, más de la mitad de los jóvenes de esa edad que quieren trabajar no encuentran ninguna oportunidad.

Familias en paro

En Canarias existían en el último trimestre de 2020 un total de 857.470 hogares, unos 1.800 más que antes de la pandemia. De ellos, además de los 51.950 en los que no se percibe ningún ingreso, existen 99.186 familias en las que todos sus miembros activos están desempleados. Las familias con todos sus trabajadores en paro también se han incrementado en las Islasde forma sustancial desde el inicio de la pandemia, un 33%.

De esta manera, en el Archipiélago existen 151.136 hogares en los que no entra ningún sueldo y, o bien sobreviven gracias al subsidio de desempleo, o a través de ayudas sociales. En conjunto representan el 17,6% del total de las familias de las Islas. Pero hay que tener en cuenta entre estas personas no se encuentran aquellas que se hayan visto afectadas por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya que estos son contabilizados como ocupados. En febrero, había en Canarias 89.559 personas en suspensión temporal de empleo.

Sin embargo, a pesar de la gravedad de la emergencia social que atraviesa el Archipiélago, y de las múltiples ayudas puestas en marcha tanto por el Gobierno central como regional para tratar de paliar la falta de ingresos de las familias, lo cierto es que en muchas ocasiones la tramitación de estos subsidios se demora durante bastante tiempo por la falta de medios en las administraciones. Ejemplo de ello es el Ingreso Mínimo Vital, que ha cosechado críticas no solo por las condiciones que deben cumplir los beneficiarios sino también por la tardanza en la resolución de los expedientes, así como por el bajo porcentaje de peticiones aceptadas. El Estado rechazó el año pasado el 84% de las peticiones realizadas en Canarias y aprobó solo 6.916 solicitudes de las 43.322, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Los que sí están notando y mucho la emergencia social en Canarias son las diferentes ONG y colectivos que se dedican a atender a las familias en situación de vulnerabilidad. No solo han crecido las denominadas colas del hambre en los bancos de alimentos, sin que algunas entidades, como Cáritas, ya han comenzado a alertar de que carecen de los recursos suficientes para hacer frente a la alta demanda.

303.000 viviendas sin personas ocupadas

El número de unidades familiares en los que no hay ninguna persona ocupada también crece durante la pandemia en el Archipiélago. Un total de 303.410 hogares no cuentan entre sus miembros con ninguno que tenga un empleo. Un indicador que se ha incrementado un 18% a lo largo del año pasado, sin duda como consecuencia de los efectos de la crisis derivada de la aparición del nuevo coronavirus. Los datos de la Encuesta de la Población Activa (EPA) para el último trimestre del año pasado evidencian el daño que la emergencia sanitaria está provocando en todo el tejido económico del Archipiélago y en consecuencia en el mercado laboral de las Islas. La cifra de desempleados aumentó en 2020 en 61.600 personas, un 28,3%, pero si se tienen en cuenta los datos del número de puestos de trabajo que se perdieron la cifra es mucho mayor. El año pasado comenzó en las Islas con 940.300 personas ocupadas y terminó con solo 827.400, por lo que el primer año de pandemia desaparecieron en Canarias 112.800 empleos, un 12%. La pandemia y las medidas para contener su avance, que repercutieron de forma drástica en la actividad económica, se llevaron por delante uno de cada diez empleos en Canarias. Esta diferencia entre el número de puestos de trabajo perdidos y el incremento del paro, se explica porque no todos los que pierden su empleo se han apuntado a las listas del paro, bien por desánimo ante la improbabilidad de encontrar un nuevo puesto o por imposibilidad de realizar los trámites.