Series y películas internacionales corren el riesgo de no rodarse en Canarias pese al interés de las productoras porque no se ha corregido en la ley el diferencial de las Islas con respecto a la Península en los incentivos fiscales al cine. El diferencial de Canarias es de un 80% superior en las deducciones con respecto al resto del territorio nacional. En 2014 se estableció la deducción general en tres millones de euros y posteriormente en la ley del REF se fijó en 5,4 millones, un 80% por encima.

En un decreto de mayo del año pasado de medidas contra el Covid se modificó el Impuesto de Sociedades y se incrementaron las deducciones en el territorio común hasta los 10 millones por proyecto cinematográfico pero no se cambió la ley canaria, por lo que en las Islas la bonificación máxima sigue siendo de 5,4 millones mientras que en la Península es de 10 millones. Esta situación contradice el derecho de Canarias de contar con el diferencial fiscal del 80% superior al general que le corresponde por ley y, casi un año después, sigue sin corregirse pese a las peticiones realizadas por la Comunidad Autónoma al Gobierno central y del sector audiovisual de las Islas.

El abogado Jaime Sanz, experto en incentivos fiscales a las producciones cinematográficas, advierte de la necesidad de que en cualquier modificación legislativa del Consejo de Ministros se varíe la bonificación fiscal al cine ante el riesgo de perder producciones millonarias. Se tendría que cambiar los 5,4 millones que figuran en el REF hasta los 18 millones de euros, que es el 80% más de los 10 millones que hay en la Península.

En este sentido, el senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, logró el apoyo unánime en la Cámara Alta para “dar una mayor seguridad jurídica” a las grandes producciones cinematográficas internacionales que rueden en las Islas. Clavijo planteó así, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que el Estado “debe despejar dudas” y determinar si prevalecen los incentivos a estas producciones recogidos en la el artículo 94 de la Ley 20/1991, de 7 de junio.